En manos de trileros

Hace seis años se vivían las horas más tensas del Parlamento catalán.

La mayoría independentista impuso la aprobación de unas leyes llamadas de desconexión, entre las que estaba la ley de referendo que pretendía dar cobijo legal a la consulta del 1-O. Para ello se saltaron todos los derechos de la oposición y colaron sus normas sin debate alguno y sin ningún tipo de cobertura legal. Ni siquiera contaron con el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. En definitiva, el procedimiento utilizado propició cargarse en unas horas la legalidad catalana y sustituirla por otra. Y así, visto y no visto, Cataluña se sumió en el caos y arrastró a España a un problema muy complejo de afrontar. Pero, lo que es peor, los políticos catalanes sometieron a la población a un estrés inaceptable fruto de sus ambiciones políticas, cuando no, de fondo, económicas. Todo lo que aconteció fue bajo el liderazgo de Carlos Puigdemont, a quien ahora de forma sorprendente se le está rindiendo una pleitesía que hasta ha merecido un viaje relámpago de una vicepresidenta del Gobierno de España, a quien pudo verse muerta de risa en animada conversación con el prófugo.

La situación es de una enorme gravedad. Y se puede abordar de tres maneras distintas. Desde el punto de vista de los intereses políticos, desde el prisma de las emociones o desde la ventana de la legalidad democrática. Si analizamos el asunto desde la política, caminamos hacia un matrimonio de conveniencia de lo más estrafalario, con un PSOE irreconocible dispuesto a llegar a entendimientos con quien ha demostrado ser capaz de aceptar solo las leyes que salgan de su real gana. Si lo enfocamos por las emociones, sin darnos cuenta podríamos llegar a un escenario peligroso, con el regreso de la crispación y la violencia a las calles. Nos queda la vía legal, fundamental en las sociedades democráticas. Un pilar que impide los abusos de los fuertes sobre los más débiles. Si instrumentalizamos las leyes a conveniencia de la política, sometemos la democracia al poder partidario y la deterioramos sin vuelta atrás. Como dijo Felipe González: «Una amnistía a los implicados en el proceso separatista supondría reconocer que no cometieron ningún delito y que fue el régimen democrático español el que les culpabilizó injustamente». El PSOE se encuentra en una encrucijada crucial: o la ley a costa del poder, o el poder a costa de la ley.