Noviembre en el Tribunal Supremo

En este mes de noviembre, el Tribunal Supremo ha condenado a prisión a dos mujeres que insultaron en un restaurante a un particular por besarse con otro, «maricón, gordo y español tenías que ser». Los magistrados revocan la multa inicial, impuesta por un delito de injurias, y dicen que fue un delito de odio castigado con prisión (Sentencia de 4 de noviembre, recurso de casación 2018/2023). Pero también en noviembre el Tribunal Supremo, en este caso su sala civil, ha sentenciado a favor de un gran grupo mediático, avalando un programa de investigación que presuntamente había denigrado a un particular del sector médico (Sentencia de 5 de noviembre, recurso de casación 7459/2022). Y en noviembre también, en una sentencia publicada en el BOE ayer viernes 21 de noviembre, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo declara nulo un decreto del Gobierno de Sánchez –Ministerio de Agricultura–, por omitir las repercusiones económicas que el decreto tendría en el sector porcino español (Sentencia de 3 de noviembre, recurso 586/2023).

Los propietarios de una granja, un particular que consideró dañado su prestigio médico, y un hombre insultado gravemente por dos mujeres en un restaurante de Navarra, han visto resueltos sus recursos por el Tribunal Supremo. Y nadie ha hablado de golpes judiciales ni otras zarandajas, se han comportado. Ni tan siquiera el ministro de Agricultura, Luis Planas, condenado por omitir informes de gran repercusión para el sector porcino, ha arremetido contra el Tribunal Supremo. El ministro de Agricultura sabe que la Ley 13/2019 del Buen Gobierno exige a los ministros, imperativamente, respeto al principio de neutralidad y esmerada corrección en el trato a todo el mundo (artículo 26). Lo mínimo que se espera de un ministro en democracia.