Txeroki y sus permisos

Ante la reciente salida de prisión de un condenado por terrorismo, considero imprescindible realizar una aclaración estrictamente jurídica y, al mismo tiempo, profundamente firme.

En un Estado de derecho, los beneficios penitenciarios no deberían interpretarse como meros trámites administrativos. Están regulados por la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario vigente, y en el caso de delitos de terrorismo se someten además al control de la Audiencia Nacional. La legalidad, por tanto, debe ser incuestionable.

Pero conviene recordar que la ley no se limita a exigir el cumplimiento de una parte de la condena o el mantenimiento de una conducta correcta en prisión. Para estos delitos, el ordenamiento jurídico establece un nivel de exigencia especialmente alto, que debe acreditar de forma clara:

La ruptura real con la organización terrorista.

La renuncia inequívoca a la violencia.

Signos verificables de reinserción.

El cumplimiento –o la voluntad efectiva de cumplir– la responsabilidad civil con las víctimas.

Desde el 1 de octubre de 2021, la gestión penitenciaria en el País Vasco fue transferida a su administración autonómica, pero toda decisión continúa sometida al control judicial, lo que constituye una garantía esencial. Ello conduce a pensar que dichas competencias se corresponden en el tiempo con la afirmación en un discurso de Otegui que decía: «Presos de ETA a la calle a cambio de aprobar presupuestos».

Ahora bien, no todo lo legal resulta necesariamente justo a los ojos de la sociedad. La aplicación de la norma debe ser especialmente rigurosa cuando hablamos de quienes atentaron contra la vida, la libertad y la convivencia democrática

Una democracia sólida no solo cumple la ley: la aplica con el máximo nivel de exigencia moral cuando se trata de crímenes que causaron un daño irreparable. Por ello, es legítimo –y diría que necesario– reclamar prudencia extrema, rigor jurídico y una sensibilidad acorde con la gravedad de los hechos antes de conceder cualquier beneficio penitenciario.

Porque sin memoria, sin justicia y sin respeto a las víctimas, el Estado de derecho se debilita.