El absentismo a debate

Alberto Núñez Feijoo ha puesto el dedo en la llaga en un debate inaplazable que lleva demasiado tiempo evitándose. El pasado martes, ante empresarios vascos, dijo lo que buena parte del tejido empresarial lleva tiempo advirtiendo sin que el Gobierno se dé por enterado: las bajas laborales se han disparado y el sistema no aguanta el ritmo. Casi 1,2 millones de personas sin ir a trabajar cada día. Más de 30.000 millones de coste para las arcas públicas al año. El gasto en incapacidad temporal, triplicado en una década, ya pisa los talones a las pensiones como segunda partida de la Seguridad Social. Cifras que no admiten relativismo cómodo.

Sin embargo, la forma elegida por el líder de los populares para afrontar este debate resta fuerza a su mensaje. Calificar el conjunto como «cáncer» supone una elección retórica desacertada y meter en un mismo saco bajas legítimas con absentismo injustificado alimenta una polarización innecesaria. El absentismo no es una enfermedad maligna uniforme. Mezcla bajas médicas justificadas, problemas de salud mental reales, permisos y, también, casos de abuso que dañan la sostenibilidad del sistema y la competitividad de las empresas. Su tono proyectó más dureza hacia los trabajadores que precisión hacia los abusos, y eso ha bastado para que Gobierno y sindicatos respondan al unísono que los derechos no se tocan. Ofrecer reformas «con o sin acuerdo sindical» suena a imposición, cuando un asunto de esta envergadura requiere precisamente diálogo social, aunque este sea complejo.

Ahí es donde los argumentos del líder de la oposición pierden precisión en la forma, aunque no en el fondo. Proponer una revisión de los complementos salariales en algunos convenios no puede ser considerado un asalto a los derechos laborales en estas circunstancias. Es sentido común cuando esos complementos, mal diseñados, terminan pagando por no volver antes de lo necesario. Y hay derechos que costaron mucho conquistar y deben defenderse, pero también actualizarse. El negacionismo no protege a nadie.

La OCDE hace tiempo que lleva también advirtiéndonos. España arrastra una cultura del absentismo que combina factores culturales, normativos y económicos. Resolverlo requiere datos desagregados, no consignas. Un equilibrio posible pasaría por medidas como mayor agilidad en los controles médicos, incentivos a la reincorporación temprana, diferenciación clara entre patologías, una mejora de la coordinación entre mutuas, servicios públicos de salud y empresas y un debate técnico que no estigmatice al enfermo. Combatir el fraude no es ir contra los derechos de los trabajadores, sino precisamente protegerlos. El absentismo injustificado es una vía de agua en el barco del estado del bienestar, y taparla requiere el bisturí de la gestión, no mirar para otro lado, ni la brocha gorda, ni el mazo de la confrontación.