Pedro Sánchez y el Estado de derecho

En los tiempos convulsos de las entreguerras mundiales, el filósofo alemán Spengler acuñó su célebre sentencia según la cual «siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización», una afirmación susceptible de interpretaciones diversas que refleja, no obstante, la profunda crisis existencial de la Europa del momento a caballo de los totalitarismos nazi y comunista.

Salvando la distancia, baste cambiar el sujeto soldado por el de juez para advertir que estamos viviendo en nuestro país un paralelismo asombroso en tiempo real: la salvación de nuestro sistema democrático, por los jueces que no hacen otra cosa que defender el Estado de derecho frente a los desmanes de un sanchismo desbocado empeñado en destruirlo. A Sánchez, con alma y maneras de déspota, solo le falta aplicar la conocida fórmula de una ley habilitante para asumir todos los poderes.

Y no se trata solo de la corrupción económica rampante de la que hay muestras sobradase. La hay mucho peor: la de las instituciones del Estado sometidas a una colonización aberrante para ponerlas a su servicio personal. No hay institución pública que se haya librado de su dominio sectario eliminando el equilibrio institucional tan vital en el Estado de derecho.

A tal efecto ha convertido el Tribunal Constitucional en un brazo más del Ejecutivo; la Fiscalía General del Estado en un despacho de abogados particular; el Congreso de los Diputados en una cámara inoperante; el Consejo de Estado en un órgano ninguneado; la televisión pública en un boletín partidario ajeno a la más mínima objetividad; la SEPI en un fondo de inversión generador de comisiones para los amiguetes y el CIS en un instrumento descarado para inducir el voto de los ciudadanos, por citar algunos. Solo el Poder Judicial, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil se han librado pese al acoso.

No puede estar más claro que Pedro Sánchez tiene alma y maneras de autócrata con la agravante que ni siquiera persigue un objetivo, aunque fuere equivocado, sino satisfacer su afán enfermizo de poder. En ocho años de gobierno, tras la máscara de un supuesto progresismo de opereta ha degradado las instituciones del Estado hasta un límite insoportable.

Afortunadamente, pese a los ataques de Sánchez y sus portavoces, los jueces han resistido la presión frente a las acusaciones de lawfare, esto es, prevaricación, olvidando que los jueces simplemente ejercen sus funciones constitucionales de impartir justicia y restaurar el derecho vulnerado. ¿Acaso se les puede exigir que miren para otro lado ante los abusos de un gobierno delirante que pretende justificarlo todo bajo la máscara de un progresismo de opereta?

Causa pavor oír a Óscar López, ese prodigio de la naturaleza, blandiendo su brocha gorda contra los jueces en cuanto una resolución le incomoda.