Morir matando

El espectáculo vivido de nuevo en el Congreso roza el esperpento. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desesperada por el inminente naufragio de sus dos decretos, no dudó en ofrecer su última oferta: prometer que el intervencionismo de su norma no afectaría a Cataluña con tal de arañar el apoyo de Junts.

Es el modus operandi de Pedro Sánchez en estado puro: imposición para el resto de los españoles mientras concede inmunidad a las exigencias del separatismo. ¿Por qué un ciudadano de Extremadura, Andalucía o Galicia debe asumir la asfixia del mercado inmobiliario, mientras a la casta separatista se le permite borrar la ley del mapa a cambio de sus votos? La respuesta es tan clara como desoladora: porque en la Moncloa ya no se gestiona el bien común, sino la supervivencia del número 1.

Esta cesión no es el fracaso de una ley; es la confirmación de una naturaleza. Certifica la defunción de un Ejecutivo que nació muerto y cuya única actividad biológica reside en profanar la igualdad de los españoles para prolongar su propia agonía. El gobierno dinamita el principio de equidad territorial para convertir el Boletín Oficial del Estado en un mercadillo donde la ley se trocea según las urgencias del gobernante.

Asistimos al epílogo de un régimen a la deriva: un buque destrozado en cuyo puente el líder acorralado condena a sus ministros a achicar agua con cubos agujereados. La escena roza el patetismo, pero el desenlace es ineludible: ninguna servidumbre detendrá un naufragio que es ya un mandato histórico, democrático y moral. Sánchez no tiene Presupuestos, no tiene mayoría ni tiene proyecto; solo le queda el pánico a las urnas y la defensa judicial de su mujer, su hermano, su faro moral y sus compañeros del Peugeot. La única respuesta decente ante este secuestro institucional es abrir de inmediato las urnas y devolver la palabra a los españoles para restaurar la cordura al Estado.