Hay que exigir responsabilidades

Que el problema de la vivienda es hoy uno de los más importantes, el que más, para muchos ciudadanos, no admite discusión. También es verdad que hace ocho años ese problema, según el CIS, era el décimo octavo para los españoles. En ese tiempo, la población española ha crecido en más de tres millones de habitantes y tenemos un déficit estructural de no menos de 750.000 viviendas. Entre 2015 y 2025 el número de viviendas protegidas apenas ha crecido y, además, muchas de ellas han perdido su protección y han pasado al mercado libre. Todos los gobiernos, y especialmente el del Partido Socialista que ha gobernado los últimos ocho años, lo sabían y ninguno ha tomado medidas serias no ya para adelantarse al problema sino para hacer algo.

Según datos de Civio, entre 1968 y 1978 se construyeron un total de 1,89 millones, que contaban con una protección de 50 años. Pero en 1993, el Gobierno de Felipe González liberalizó su precio, al igual que en 1994 cambió la legislación franquista que hubiera impedido el desahucio de Maricarmen. De 1979 a 1990 se construyeron 1,42 millones con una protección de 30 años. Y desde 1990 a 2025 sólo se han construido 1,5 millones, lo que ha multiplicado el problema. La mayoría de esas viviendas eran en régimen de propiedad y no de alquiler. Y desde 2008 no se ha hecho prácticamente nada en régimen de alquiler. Y hay una legislación estatal, bastante deficiente –que no ha conseguido sino hacer más grave el problema y sacar del mercado una parte importante del parque de viviendas–, y hasta 17 modelos diferentes de viviendas protegidas. Así que se trata de un problema enormemente complejo que requiere soluciones complejas y completas y, sobre todo, un Pacto de Estado para que las soluciones sean aceptadas y permanezcan en el tiempo.

Es irresponsable que un gobierno que ha prometido en varias ocasiones a lo largo de la legislatura prohibir los desahucios y construir ciento de miles de viviendas no haya hecho prácticamente ninguna y haya sumado más de 225.000 desahucios. Es irresponsable que ese gobierno, dividido en dos bandos, pretenda «arreglar» el problema, urgido por una movilización popular asamblearia, mediante dos decretos-ley contradictorios, mal redactados, sin debate parlamentario, sin posibilidad de enmendarlos y sin pactarlo con todos los partidos. Pero ahora encontrará la solución, convoca elecciones, disuelve las cámaras, en la Diputación Permanente se encargarán de aprobarlos, otra chapuza más de despedida de Sánchez.