06 de diciembre de 2022

Editorial

Defender el español ante Aragonés y Sánchez

Barcelona sale a la calle el domingo para exigir que se cumplan la ley y la razón, asaltadas por la Generalidad con la inaceptable complicidad del Gobierno

La plataforma «Escuela de Todos» organiza este domingo en Barcelona una manifestación que, bajo el lema «Español, lengua vehicular», nunca debería ser necesaria, porque las manifestaciones jamás deberían ser para exigir que se cumpla la ley, y sin embargo es imprescindible.
Es inaudito que la sociedad civil deba protestar para reivindicar un derecho que existe y que, a más inri, ha sido protegido doblemente por contundentes sentencias cuando alguien lo ha ignorado.
Y es indignante que, ante la insumisión de la Generalidad catalana, que existe y se debe a la Constitución, tengan que ser los ciudadanos quienes salgan a la calle defender el Estado de derecho ante la rendición del Gobierno de España: las manifestaciones suelen ser para reclamar lo que no se tiene; y no para exigir que se cumpla lo que está logrado.
El caso del niño de Canet, perseguido y aislado por pedir una educación en catalán y en español, simboliza la política lingüística nacionalista, sustentada en la persecución de quien no acepta renunciar a dos lenguas propias y en la insoportable transformación de una de ellas, el catalán, en una herramienta de construcción de separatistas.
Y la resistencia de su familia, por el contrario, retrata la sumisión del Gobierno de Sánchez ante el nacionalismo: no es presentable que los derechos, en una democracia, dependan de la capacidad de lucha de un ciudadano, y mucho menos lo es que en lugar de recibir el respaldo que merece el actual presidente salga en auxilio de quienes agreden a la convivencia.
Porque los manifestantes no piden la exclusión del catalán, que consideran lengua propia también, sino la inclusión del español, en un porcentaje del 25 % que se antoja incluso insuficiente: lo normal sería poder estudiar en español en toda España, sin cuotas ni horarios, pero que ni siquiera sea posible hacerlo parcialmente lo dice todo de la deriva nacionalista y de la complicidad de Moncloa.
Este caso resulta especialmente descriptivo del sometimiento de Sánchez al proyecto identitario independentista, pues a lo que ya dice la Constitución sobre la lengua de todos se le añade la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al respecto de su uso en la escuela pública catalana.
La doble defensa que tiene el español no es suficiente para que la Generalitat acate y cumpla el ordenamiento jurídico. Pero tampoco lo es para que Sánchez imponga la cordura y el derecho allá donde campan a sus anchas el totalitarismo identitario y la persecución lingüística.
Por todo ello esta manifestación no debería celebrarse pero es muy oportuno que se haga: valdrá para demostrar que los catalanes quieren y utilizan sus dos lenguas, pero también para evidenciar que Sánchez y Aragonés, o a la inversa, aspiran a perpetuarse en el poder al precio que sea.
Incluso al de amputar un patrimonio común, rico y de dimensión internacional, dañando los derechos individuales y las expectativas colectivas de un gran país y una gran comunidad que no se merecen semejantes bajezas.
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