El infame cambalache de Sánchez con Otegi
El Debate demuestra cómo el Gobierno ignora a las víctimas para tolerar aquelarres proetarras, en la línea de acercar terroristas al País Vasco para que les saquen de prisión
El Debate publica una nueva prueba documental de la pavorosa complicidad del Gobierno con Bildu y, más en concreto, de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi.
Se trata del despliegue de silencios, omisiones y componendas que Moncloa y su Delegación del Gobierno en Navarra han desplegado para tolerar las humillaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en ese aquelarre proetarra que, bajo el nombre de «Ospa Eguna», se celebra cada año en Alsasua para insultar a los Cuerpos de Seguridad y exigir su expulsión de la Comunidad Foral.
Se trata del cénit de una macabra ceremonia de exaltación del horror y de humillación de las víctimas, tantas de ellas salidas de ambos colectivos, que cada día vemos en fiestas, ongi etorris y todo tipo de acontecimientos impunes expresamente perseguibles y evitables con la Ley de Protección Integral de las Víctimas.
Pues bien, El Debate reconstruye hoy con informes oficiales cómo el Gobierno de España, dos de sus Ministerios y el Gobierno de Navarra han decidido proteger ese tipo de manifestaciones de odio adjudicándoles la categoría de derecho fundamental mientras, al mismo tiempo, se ignoraba burdamente la aplicación de la ley de 2011 que podía haberlo evitado todo en defensa de las víctimas.
Son pruebas concluyentes e inapelables, que demuestran la artera actitud de Sánchez, de Marlaska y de Chivite: mientras dicen lamentar que la vía penal tiene difícil prosperar para frenar estos abusos; los legitiman por escrito dándoles una pátina de legitimidad democrática y desechan la aplicación de la norma que podría anular el «Ospa Eguna» y otras vergüenzas similares antes de que se celebraran.
Hace unos días este periódico reveló la sonrojante treta del Gobierno para facilitar la liberación de terroristas, permitiendo su traslado a cárceles vascas donde el PNV les concede el régimen abierto negado en sus prisiones de origen en el resto de España.
Y hoy añade, en la misma línea, este nuevo capítulo de complicidad con el universo abertzale, denunciado reiteradamente por los representantes de los agentes de la Policía y la Benemérita y desoído, con la misma insistencia, por el Ministerio del Interior y el propio presidente.
Que produzcan indignación ambos hechos no significa que no sean previsibles: Otegi ha sido muy claro en su exigencia de sacar a los presos de ETA de la cárcel, incluso sin renegar de su pasado, y en la de reescribir el relato de tantas décadas de dolor para adaptarlo a sus necesidades ideológicas y morales.
Y Sánchez ha aceptado ese chantaje, con tal de garantizarse el respaldo de los herederos de Batasuna: primero les traslada, luego les deja exaltar su trayectoria, más tarde acepta redactar la Ley de Memoria Democrática con Bildu y por último, mientras los efectos de esa inmundicia se ven ya con la liberación de asesinos con penas pendientes, ignora las peticiones de Bruselas de aclarar los casi 400 crímenes etarras sin resolver.
Todo ello se ha podido documentar con un laborioso trabajo de investigación y reconstrucción de los hechos, pero las consecuencias son evidentes a simple vista y generan una profunda desazón: hoy es más fácil ser terrorista que víctima, y más duro ejercer de policía o guardia civil que de preso. Y todo para que Sánchez pague la factura que le gira su abyecto socio pero que nunca debería abonar España.
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