La Justicia debe resistirse a Sánchez
El Poder Judicial no puede aceptar la división entre progresistas y conservadores y unirse en torno a una idea crucial: la defensa de la separación de poderes frente a un Gobierno invasivo
El pleno del Poder Judicial tiene este jueves un reto importante: ceder ante las evidentes presiones del Gobierno y nombrar, sin unanimidad, a los dos vocales del Tribunal Constitucional que le corresponden o, por el contrario, resistirse al enésimo intento de asalto de Pedro Sánchez y vincular esa decisión a un pacto mayor con la independencia de la Justicia como única guía.
No está claro qué va a pasar, pero sí que sería muy negativo que el Consejo General se doblegara ante Moncloa, ahora o en unas semanas, y le permitiera designar a otros dos vocales para cumplir su publicitado objetivo de conquistar el Alto Tribunal.
Todo puede parecer muy enrevesado y complejo técnicamente, en especial por la insoportable propaganda que vincula la salud de la Justicia en España a su sometimiento al Gobierno, pero en realidad es bien sencillo: desde que Sánchez llegara al poder, su gran obsesión ha sido acabar con la separación de poder y transformar el Poder Judicial en una extensión del suyo propio.
No es una intuición ni una deducción razonable, es la inapelable conclusión de todo lo que ha hecho en este ámbito: primero pasó al abordaje de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General, con el insólito nombramiento de una de sus ministras para el cargo.
Después intentó modificar la ley para invadir el Consejo General adaptando las mayorías que lo regulan a la que él reúne en el Congreso con Podemos. Más tarde impulsó una reforma exprés para paralizarlo mientras no se rindiera. Y por último modificó su propia normativa autoritaria para desbloquearlo en lo relativo a la designación de vocales en el Constitucional.
Todo ello lo ha hecho con las protestas unánimes del mundo judicial, incluyendo a magistrados, fiscales y abogados; y con las advertencias reiteradas de Europa, que tiene en la independencia judicial uno de los baremos más determinantes para medir la salud de un Estado de derecho.
Pero nada de ello ha frenado a Sánchez, un firme convencido de que la Justicia ha de adaptarse a las supuestas mayorías políticas que él representa, como si los jueces y los fiscales fueran simples militantes con toga, para a continuación convertirla en una herramienta a su servicio.
No es positivo, sin duda, superar los plazos de renovación del Consejo. Y es inquietante la parálisis que ello provoca, con vacantes ya incontables en destinos judiciales de primera magnitud y un Tribunal Supremo al borde del colapso.
Pero mucho más destructivo aún es, sin la menor duda, arrodillar a la Justicia y destrozar la imprescindible separación de poderes. Porque los planes de quien eso pretende no pueden ser saludables. Y las pruebas que de ello ya ha dado son abrumadoras: desde el indulto a los políticos catalanes condenados hasta la impunidad con el universo etarra, pasando por la homologación de sus leyes más sectarias e inhumanas o hasta la exoneración de Griñán; todo depende de ese órgano.
Y si además de PSOE y Podemos se deja entrar a ERC, es legítimo pensar que no será para cuidar los valores constitucionales, sino para degradarlos con una falsa apariencia de legalidad. Por todo ello, el Poder Judicial debe resistir: esto no versa sobre jueces conservadores y progresistas, sino sobre la integridad de todos ellos, su autonomía y la defensa de lo que representan.
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