España, invadida

La invasión desde Marruecos de Ceuta y, en menor medida, Melilla, es un acontecimiento de una extrema gravedad que el Gobierno, una vez más, intenta minimizar para huir de la combinación de incompetencia y negligencia que le definen: allá donde hay una emergencia, inducida por factores externos o instigada por errores propios, siempre intenta restarle importancia o buscar culpables externos.

Profanar las fronteras de una Nación es, por definición, un episodio de la máxima relevancia. Y hacerlo con una avalancha de miles de personas, sin resistencia del Estado, a costa de las ciudades invadidas y con aspiraciones territoriales sobre ellas del país de origen de los asaltantes, enciende todas las alarmas y obliga a una respuesta ejemplar.

Que no es, precisamente, rendir pleitesía al Rey de Marruecos en su embajada en Madrid, con varios ministros celebrando el aniversario de su llegada al trono; y citar a consultas al embajador de Italia en España por las razonables advertencias de su primera ministra, Georgia Meloni, al respecto de que las políticas migratorias de Pedro Sánchez la obligan a valorar la suspensión de los acuerdos Schengen de libre circulación de ciudadanos por territorio de la Unión.

Lo cierto es que el mismo Gobierno que fracasó con los incendios, la Dana, el apagón o Adamuz lo hace con la custodia de Ceuta y Melilla, a pesar de los reiterados avisos de los Cuerpos de Seguridad, de la Inteligencia Española y de la propia Estrategia de Seguridad Nacional firmada en 2021 por Pedro Sánchez, que sitúa la inmigración descontrolada como uno de los problemas fundamentales a atender en España y le obliga a tomar el mando, algo que no ha hecho probablemente para ahorrarse dar explicaciones en el Congreso del contexto en el que se ha producido esta terrible invasión.

Porque las circunstancias en que esto ocurre son tremendas: una política migratoria delirante, que provoca un efecto llamada histórico, alimenta a las mafias de la inmigración y dispara la mortalidad en las rutas marítimas; un alejamiento del eje atlántico que convierte a Marruecos en un socio más cercano que España a Estados Unidos o Israel; una desconfianza en Bruselas hacia Pedro Sánchez en general y un episodio no aclarado de espionaje al presidente socialista tras el cual España dio un volantazo en el Sáhara, agravado ahora por la renuncia a Gibraltar.

La mera duda de que todo un presidente pueda ser chantajeado por un rival exterior, disfrazado de aliado pero en realidad centrado en sus intereses y dispuesto siempre a utilizar todas las herramientas de presión a su disposición, es inaceptable y obliga al presunto extorsionado a despejarla, dando detalles de la naturaleza de esa intromisión, de la información que le hurtaron y de las consecuencias que todo ello haya podido tener.

Porque en este caso, a todos los fallos en cadena de un Gobierno ya ilegítimo que carece de presupuestos y de mayoría parlamentaria y es incapaz de atender con decencia cualquier emergencia en cualquier ámbito, se le suman las siniestras sombras en torno a su posición internacional, aparentemente más cercana a los miedos de Sánchez o a los intereses de Zapatero que a los de España.