El Supremo frena las trampas de Sánchez

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la inscripción automática en el censo electoral de los hasta 2.5 millones de personas de todo el mundo que, por tener un antepasado español, han logrado la nacionalidad española y el derecho al voto con un atajo legal infame perpetrado por el Gobierno, a escondidas, que legitimaba todas las sospechas sobre las intenciones clientelares de la maniobra.

El Alto Tribunal entiende que no se puede conceder el destino de un país a quienes no lo conocen, carecen de arraigo, no han mostrado intención alguna de recuperar sus raíces y no cumplen siquiera con los requisitos ordinarios para lograr la nacionalidad, con todos los derechos que ello devenga para los beneficiarios y sus familiares.

No les retira el DNI, pero tampoco les entrega una decisión para la que simplemente no están capacitados, y deja esa posibilidad en manos exclusivas de los descendientes del llamado exilio español, uno de los efecto colaterales de la trágica Guerra Civil que dividió en dos a una España en realidad única.

Nadie con un aprecio por la democracia puede defender que una persona alejada por completo de la realidad española y sin ningún interés demostrado por ella en el tiempo pueda inclinar, sin embargo, la balanza electoral, dopada por el laboratorio de Sánchez de manera artificial, con el único objetivo de sustituir el desprecio doméstico de los votantes españoles por otro importado y agradecido.

Las investigaciones de El Debate y de Isabel Durán han sido claves en una resolución muy plausible que revoca, felizmente, algo parecido a un intento sutil de pucherazo, engordando artificialmente un censo que, con las encuestas actuales, pronostica un batacazo histórico del PSOE sin esa ayuda espuria ahora anulada.

Conviene resaltar que las denuncias de El Debate sobre la Ley de Nietos han sido respaldadas judicialmente por Vox como antes, las denuncias de este periódico sobre el DNI digital, redactadas también por Isabel Durán, finalmente fueron frenadas por la Junta Electoral Central, tras haber sido apoyadas por el Partido Popular.

Es de esperar que el Supremo remate su fallo provisional con otro definitivo de la misma contundencia y efectos, y que incluso analice si la simple concesión precipitada de la nacionalidad es procedente: ya existe un procedimiento para lograrla, que reconoce la integración de quienes ya son españoles de corazón y de ejercicio pero, no abre las puertas indiscriminadamente a cualquiera que diga serlo o quiera aprovecharse de las prestaciones que comporta.

En el viaje queda retratada la catadura de Sánchez, a quien no le importan ni los anhelos de los descendientes del exilio ni el futuro de los inmigrantes: solo le mueve el cálculo político más obsceno y amoral, con una variada gama de excusas que ya no cuelan.

Sánchez se ha acostumbrado a comprarse las investiduras intercambiando escaños por prebendas infames, y algo así pretendía hacer sin duda con esta medida, disfrazando de justicia sentimental lo que no es más que un intento soez de corregir el libre designio de las urnas.

Ya no podrá, al menos en este frente, pero hay que entender que su ínfima escala moral le llevará a utilizar otras herramientas e instituciones del Estado para mejorar su negro futuro: desde RTVE hasta Telefónica o Correos, todas clave en la conformación de la opinión pública y en la gestión del propio procedimiento de voto, están bajo sospecha con este dirigente indigno que siempre está dispuesto a sacrificar los intereses generales para satisfacer los suyos.