La agresión marroquí contra España: causas, consecuencias, medidas

Adelantándose a otros análisis, tuvo razón El Debate cuando en editorial del 4 de agosto, señalaba lo fundamental a tener en cuenta con respecto a la invasión de las hordas alauitas que tuvo lugar el pasado 30 de julio en Ceuta: se trataba de una agresión planificada por el sultán marroquí con la finalidad de comprobar las reacciones del Gobierno español ante una manifiesta voluntad agresiva e ilegal para eventualmente apoderarse de la ciudad española. Y naturalmente pensando en maniobras similares con respecto a Melilla.

Las brutales consecuencias de la planificada invasión, que entre otras terribles realidades está poniendo en duda la misma capacidad de los ceutíes para garantizar su pacífica y libre convivencia, y que visiblemente están siendo tratadas por Sánchez y su gobierno con unos niveles de torpe incompetencia que rozan la delincuencia, no pueden ni deben hacer olvidar la cuestión central del momento: Marruecos está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para hacerse con la soberanía de las dos ciudades españolas.

Situación que cualquier gobierno democrático bien entrenado en sus obligaciones y derechos, hubiera debido llevar al Gobierno Sánchez a realizar la gestión aproximativa que cualquier potencia democrática en situación parecida hubiera adoptado: informar oficialmente al gobierno de Marruecos que España no está dispuesta a permitir ninguna agresión de tal tipo y que tiene dispuestos los medios necesarios, incluyendo el uso de la fuerza, para definitivamente cortar con tales pretensiones. Incluidas las manifestaciones ante Mohamed VI anunciando, los propósitos ilegales de ocupación. Gestión tan evidente como imprescindible que debería ser comenzada por el ministro Albares llamando a su despacho a la embajadora de Marruecos en Madrid para transmitirle el mensaje y sugerirla que de momento haría bien en trasladarse a Rabat para hacerlo, abandonando Madrid por algún tiempo.

Ese mismo aviso debería ser transmitido a los países miembros de la Unión Europea y a los aliados de la OTAN, con especial énfasis a los Estados Unidos, en una comunicación que naturalmente incluyera la gravedad del momento y la eventual disposición española a utilizar la fuerza para responder a los ilegales propósitos marroquíes. Y aprovechando la ocasión para suscitar apoyos y comprensión por parte de socios y aliados en una circunstancia que, como ellos bien comprenderán, está poniendo en peligro gravemente la integridad territorial de uno de ellos. Sánchez podría aprovechar la ocasión para recuperar con la primer ministro italiana, Gerogia Meloni, la capacidad de colaboración y entendimiento que no debería haber puesto tan torpemente en duda como hizo.

Naturalmente, y tras haber tomado las decisiones que las causas exigen, España y su gobierno deben hacer frente a las consecuencias que la agresión ha traído consigo. Por un lado, tomando todas las medidas necesarias en el terreno de la seguridad y de la defensa en el propio entorno de la ciudad de Ceuta parar impedir que los agresores alauitas puedan pensar en la realización de otros y parecidos actos de violación del derecho internacional a los que Rabat parece tan inclinado. De otro, poniendo en práctica con rapidez y eficacia, términos en los que el Gobierno Sánchez no parece estar muy al tanto, las medidas oportunas para poner fin a la presencia de los miles de ocupantes que todavía quedan en el territorio agredido. Y cuyo destino manifiesto es evidentemente el Marruecos que ellos decidieron abandonar el pasado 30 de julio.

Y mientras tanto, y ya que Sánchez parece haber interrumpido sus vacaciones por un pequeño momento, sugerirle que cese en sus capacidades ministeriales a Robles y a Grande-Marlaska, que han tenido la desfachatez de comportarse en términos desconocidos de los habitualmente seguidos en instituciones civilizadas y democráticas al discutir públicamente sobre el papel desarrollado por los servicios españoles de Inteligencia en la prevención de la agresión alauita. Y suscitando con ello el consiguiente estupor entre aliados y adversarios: ¿cuál es la reputación internacional que en este momento tiene el CNI tras esa inaudita discusión, como si en un aula escolar se encontraran, entre la ministra de Defensa y el ministro del Interior? ¿Hasta qué extremo de estúpida inutilidad ha podido llegar el gobierno que Sánchez todavía preside?

Y que naturalmente sigue prohibiendo al Rey de España que visite una de las ciudades que forman parte de la soberanía española, siguiendo con ello los mandatos al respecto lanzados por el Rey Mohamed VI. ¿Tenemos alguna noticia en nuestro entorno europeo, atlántico o hispanoamericano de una situación en la que un gobierno extranjero prohíbe al jefe del Estado de una nación vecina que visite una de las localidades que forman parte de la integridad de su propio país? ¿Deberíamos de nuevo recordar aquella famosa queja que los romanos dirigieron a Catilina y siguiendo el ejemplo decirnos con urgencia, «Usque tándem, Pedro Sánchez, abutere patientia nostra?»