Una comisión de investigación sobre los trenes
El Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas y asumir culpas en un monumental fiasco sin ninguna explicación decente
La formidable chapuza que supone encargar unos trenes para Cantabria y Asturias incompatibles con la anchura de los túneles ferroviarios no puede quedar resuelta, en ningún caso, con dos destituciones encubiertas de dimisiones voluntarias y con un propósito de enmienda del Ministerio de Transportes. No es serio que el ciudadano corriente pague un altísimo precio por errores menores, objeto siempre de la implacable acción de la Administración, y que queden prácticamente impunes las negligencias gravísimas que cometen, toleran o no evitan los cargos públicos con todos los recursos y competencias a su disposición.
El despido de la secretaria de Estado y del presidente de RENFE, utilizados como cabezas de turco de mala manera, no agotan la exigencia de respuestas y medidas que cabe exigir para un asunto tan chusco como trascendente que dejará sin un transporte ferroviario digno a dos comunidades hasta, al menos, 2026.
No lo hacen, desde luego, para la escurridiza ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez, que no ha sido capaz de aclarar por qué se ha tardado año y medio en empezar a rectificar lo que ya se conocía desde entonces ni cuáles fueron las razones exactas y los responsables concretos del insólito estropicio.
Sería mejor que esas explicaciones las ofreciera su sustituto, pues lo razonable en su caso es que dimitiera pidiendo disculpas o fuera destituida por Pedro Sánchez, que también está dando un espectáculo de incoherencia notable: provoca la salida de responsables menores del servicio ferroviario pero no lo hace, en cambio, de sus homólogos en el Ministerio de Igualdad, responsables de otro desaguisado mayúsculo que ya ha beneficiado a más de quinientos delincuentes sexuales.
La falta de equivalencia en la actitud del presidente demuestra que, por mucha tensión aparente que quiera simular, la parte de su Gobierno en manos de Podemos dispone de un cheque en blanco para actuar, con la certeza de que las prebendas constitucionales que le permiten a Sánchez elegir a los miembros de su Ejecutivo son papel mojado al lado de la dependencia que tiene de su socio.
En esa línea de aclarar qué ha pasado y por qué también se antoja necesaria la participación de Miguel Ángel Revilla y de Adrián Barbón, cuya sobreactuación dolida de ahora no tapa su responsabilidad, por acción u omisión, en el entuerto. ¿Acaso tenía algo mejor que hacer, cualquiera de los dos, que tutelar de cerca el correcto desarrollo de un proyecto estratégico para sus regiones?
Pretender además que es justa una compensación a cántabros y asturianos al ofrecerles transporte «gratuito» hasta la llegada de los nuevos vagones es un insulto a la razón. Porque lo que se llama gratuito es lo que se paga con los impuestos. Y en este caso no solo de los contribuyentes de esas dos regiones, sino de los bolsillos de todos los españoles.
Todo ello, junto, aconseja la creación, como poco, de una Comisión de Investigación que aclare punto por punto la secuencia del desastre y depure las responsabilidades exigibles.
En un país donde se convocan manifestaciones masivas por un puesto de socorro insuficientemente dotado, por ejemplo en Madrid, no puede correrse un tupido velo con el escandaloso caso de los trenes inútiles de un Ministerio incompetente. Otro más.
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