Bolaños también debe irse

El juez Peinado, instructor de la causa sobre Begoña Gómez y su imputación por hasta cuatro delitos, ha remitido un escrupuloso auto al Tribunal Supremo por el que comunica su impresión de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, debería ser procesado por malversación y falso testimonio, conectados con el caso principal.

El magistrado se dirige al Alto Tribunal porque él no puede abrir esa pieza, al ser aforado Bolaños, lo que le obliga a trasladar sus opiniones y fundamentos jurídicos, a la espera de que el Supremo los valore y, si los comparte, reclame al Congreso el suplicatorio preceptivo para poder hacerlo, sin el cual eso es inviable.

Pero negarse a tramitar el derecho de un tribunal a encauzar a un aforado sería escandaloso, desestabilizaría el Estado de derecho y sentaría un inquietante precedente de insurgentes para el caso hipotético de que algo así tuviera por protagonista al propio presidente del Gobierno.

El señalamiento de Bolaños está lleno de razones, por su activo papel formal en la contratación de una vieja amiga de Begoña Gómez para que, una vez asentada en la Moncloa y pagada con dinero público, se dedicara a atender los negocios privados de la esposa del presidente. Un comportamiento bochornoso y que, más allá de sus eventuales consecuencias penales, ya las tiene políticas. Porque es una evidencia que Gómez negoció la creación de su cátedra en una reunión en la Moncloa con el rector de la Universidad Complutense. Después la asoció con empresas beneficiarias de contratos públicos firmados por el Gobierno de su marido. Y más tarde, en complicidad con él, ha hecho lo imposible por tapar el rastro de todo y sus posibles beneficios, tal y como ha acreditado El Debate en incontables informaciones irrebatibles.

Si lo sustantivo del 'Caso Begoña' es innegable, sin anticipar condenas, pero sin negar los excesos ya constatados, la irrupción en él de Bolaños es otra muestra más de la sincronización de la Moncloa y del PSOE en todos los escándalos que dejan a Sánchez al borde del siniestro total: da igual cuál sea el escenario corrupto o sospechoso, siempre aparece de un modo u otro la larga sombra de Sánchez y de sus secuaces. Pero además de todo esto, ya gravísimo, conviene denunciar una vez más el desafío a la democracia que encabeza Sánchez para intentar tapar sus vergüenzas a cualquier precio.

Modificar ahora el acceso a la carrera judicial, el sistema de mando o dependencia de la UCO o el papel del fiscal general del Estado, es escandaloso y si prospera devaluará la democracia hasta extremos inéditos. Defender la independencia judicial es, por todo ello, crucial en un momento cercano a la insurgencia del Gobierno, dispuesto a todo para garantizarse su inmunidad e impunidad. Respaldar a los jueces es, en fin, proteger la democracia de una auténtica banda definida por una ristra de escándalos a la que no se le adivina fin.