Sánchez ya es culpable de la peor trama de corrupción de la historia

El último informe de la UCO de una larga serie que aún no ha concluido es, simplemente, el epitafio político de un presidente que nunca debió serlo en esas condiciones, de rendición a quienes le arrendaron los votos negados en las urnas, y no puede seguir siéndolo ni un minuto más con ese océano de corrupción, juicios en su entorno, bloqueo parlamentario, devaluación constitucional y falta de respeto a los ciudadanos.

Pedro Sánchez ya es responsable y cómplice político de todos estos bochornos, y ya veremos si inductor y beneficiario. Desde luego a título político, sin ninguna duda. Con Ábalos, Cerdán y Koldo construyó su carrera, se presentó y ganó las Primarias con sospechas de trampas; afinó una moción de censura indigna cuando había perdido sendas Elecciones Generales en medio año e iba a ser desalojado del PSOE y, finalmente, logró una investidura contra el designio de las urnas gracias a acuerdos espurios con todos los enemigos de la España constitucional y pagando con sagrados intereses nacionales.

Solo por eso Sánchez debería dimitir, sin dilaciones ni excusas, con el oprobio máximo y la necesidad imperiosa de someterse a un examen parlamentario y judicial que determine la naturaleza de su ascenso al poder y dirima incluso sus responsabilidades penales: él utilizó, protegió y se benefició de una trama alojada en el Gobierno y en el partido, con mando en el presupuesto público y lazos con un número indeterminado de instituciones y administraciones dirigidas por socialistas.

Nunca en la historia de España hemos visto, leído y oído tantas pruebas de corrupción juntas, grabadas o acumuladas por los propios responsables de los presuntos delitos, resumidos todos ellos en uno: quienes dirigían el PSOE y el Ministerio con mayor presupuesto creaban empresas a escondidas para beneficiarse de adjudicaciones millonarias inducidas por ellos mismos.

Y quien debía controlarles, les dio los máximos galones, les mantuvo en los cargos hasta el último segundo, miró para otro lado cuando comenzaron a conocerse los hechos y emprendió una deleznable ofensiva pública, institucional y legislativa contra quienes investigaban o difundían los escándalos, culpándoles de conspirar contra un «Gobierno legítimo» y utilizando una intolerable cloaca para frenar a los contrapoderes del Estado.

A efectos penales, una condena necesita de un proceso lleno de garantías que aporte pruebas, testimonios e indicios suficientes para fallar en contra de alguien. Pero en el ámbito de responsabilidades políticas, Sánchez ya es culpable y su sentencia ha de ser irrevocable: su renuncia urgente y la convocatoria de Elecciones Generales para dejar de hurtarle a la sociedad su capacidad de decisión y de autodefensa.

Algo que el PSOE va a tener que hacer, más pronto que tarde, pero que deberían forzar algunos de sus aliados, empezando por el indecente PNV que dio pábulo a la moción de censura, tras haber aprobado Presupuestos con el PP, y ahora aparece en los informes de la UCO: la única manera de aclarar si eso lo hizo a cambio de participar en el negocio, lo que sería un escándalo sin precedentes, es retirar su respaldo a este perdedor inmoral y facilitar que las urnas se pronuncien.