Al asalto de la propiedad privada

La aprobación de dos decretos sobre vivienda en el Consejo de Ministros, cuyo contenido literal era un misterio y plantea ya solo por eso dudas sobre su legalidad, es antes de nada una peligrosa ceremonia de fuegos artificiales con la que el Gobierno, una vez más, pretende tapar su rotundo fracaso en la materia y azuzar otro escenario frentista en la sociedad española.

Sobre lo primero, no hay dudas. En ocho tétricos años con Pedro Sánchez, la vivienda ha subido entre un 50% y un 85% según sea modalidad en compra o en alquiler, lo desahucios han alcanzado a casi 300.000 personas y familias, la presión fiscal confisca cerca de un tercio del valor de un inmueble, las denuncias por «okupación» llegan ya a las 16.000 al año y, como contexto, el precio de la vida se ha encarecido un 28% y el de la cesta de la compra un brutal 41%, con un poder adquisitivo de hace tres lustros.

Con ese panorama, la tentación de echarle la culpa a los pequeños propietarios presentándoles como crueles rentistas o tildándoles de «fondos buitre» era inmensa si, además de escurrir el bulto, se fabricaba otro episodio del genuino relato polarizador del líder socialista y, de paso, se desviaba la atención de Ceuta y de los múltiples escándalos que le acorralan.

El problema es que, para lograr tan tristes objetivos, se prescinde de un debate serio sobre un problema objetivo, la carestía y el precio de la vivienda, y se acepta discutir abiertamente sobre el fin de la propiedad privada: más allá de que prosperen los decretos, de manera total o parcial, lo grave es que un Gobierno negligente asuma la agenda antisistema y esparza la idea de que los males de unos son consecuencia de los privilegios de otros y que, en consecuencia, los segundos han de compensar a la fuerza a los primeros.

Salga o no adelante, es intolerable que el Consejo de Ministros imponga la prolongación indefinida de los contratos de alquiler, decida los precios, prohíba los desahucios decididos por la Justicia en aplicación de las leyes vigentes o persiga a los compradores, señalándoles con nombre y apellidos en determinadas circunstancias, como han hecho de manera vergonzosa con los propietarios del inmueble donde vivía la célebre Maricarmen, cuyo caso ha sido el detonante de esta demagogia ilimitada.

No existe un solo país en el mundo donde prenda la democracia sin respetar la propiedad privada, emblema de la libertad y del progreso de una sociedad. Y tampoco hay uno que prospere si, para atender necesidades, se dedica a repartir la escasez en lugar de a procurar la abundancia: los propietarios pagan impuestos con los que un Gobierno diligente debe impulsar vivienda y cualquier otro servicio; pero se ven señalados como responsables de atender las expectativas desatendidas por la Administración.

Rematar esta ceremonia infame alentando una acampada ilegal en la Puerta del Sol, con aspecto ya de playa del Trampolín, desvela la intención añadida de un Ejecutivo delirante, sectario e incompetente: señalar a la oposición, acosar particularmente a Ayuso y a Almeida y revitalizar a la alicaída extrema izquierda, con la intención de que consiga un puñado de diputados y los ponga de nuevo al servicio de Sánchez.

Por todo ello hay que insistir en una idea: efectivamente en España hay un problema de escasez y precio de la vivienda que, combinado con unos sueldos medios modestos, dificulta el desarrollo de una vida plena. Pero si el diagnóstico es correcto, la terapia ha de ser muy precisa para no agravar lo que se pretende curar. Y esta batería de medidas neocomunistas y agresivas solo sirve para agravarlo, espantando a los propietarios de sacar sus viviendas al mercado por el temor, justificado, a ser expropiados de facto por sus inquilinos, en un clima de inseguridad jurídica y de señalamiento público simplemente intolerable.