El monopolio de la coerción

En su famosa conferencia Politik als Beruf (La política como vocación), Max Weber definió el Estado en los siguientes términos: «El Estado es aquella comunidad humana que, en el interior de determinado territorio, reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima». (Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht). Se trata de una legitimidad a la que puede y debe aspirar en su territorio, pero a la que en modo alguno puede aspirar en el orden internacional, como señaló Raymond Aron.

En alemán gewalt puede ser indistintamente fuerza, violencia o poder. En español fuerza es «aplicación del poder físico o moral» y violencia «una fuerza e intensidad extraordinarias». La violencia puede implicar el uso de fuerza física o moral; si el concepto del de la física no ofrece dudas, el de la moral es mucho más impreciso. El uso de la violencia moral por parte del Estado es mucho más problemático, siquiera porque es infinitamente más gaseoso e impreciso, incluso cuando tiene un soporte legislativo que pretenda legitimarlo. Un ejemplo actual lo constituye el llamado «delito de odio»: la RAE define odio como «antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea». ¿Es delito el odio al genocida?

Así pues, de esta fundamental afirmación de Weber de que el Estado es la comunidad humana que reclama para sí (con éxito) el uso legítimo de la violencia en un territorio determinado se deduce que, en aquellos en los que la presencia del Estado es mínima y no determinante, ciertos actores no estatales pueden establecer un duopolio de violencia concurrente susceptible de acabar neutralizando o incluso sustituyendo a la del Estado: la mafia siciliana es, en este sentido, paradigmática, como empieza a serlo la actuación de bandas organizadas en buena parte del territorio de México. En España, ETA y el separatismo catalán han puesto en cuestión el monopolio de la violencia legítima estatal. Ahora redobla su protagonismo el siempre más sibilino Partido Nacionalista Vasco.

Weber advirtió también que toda acción política puede orientarse conforme a dos principios fundamentalmente distintos entre sí e irremediablemente opuestos: puede hacerlo mediante la «ética de la convicción» (Gesinnungsethik) o mediante la «ética de la responsabilidad» (Verantwortungsethik). A diferencia de la segunda, la primera no tiene en cuenta las posibles consecuencias de la propia acción y puede resultar contraproducente. En el caso de nuestro Gobierno, está claro que en ningún momento actúa conforme a la segunda, con el agravante de confundir convicción con sectarismo.

Entiendo que viene a cuento lo anterior por cuanto el gobierno socialcomunista español actual, apoyado por socios separatistas, epígonos de terroristas y demás excrecencias políticas de ámbito más limitado, pretende reformar ahora la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. La propuesta de modificación proviene del grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) y ha superado su primer escrutinio en el Congreso con 203 votos. El objetivo básico de la reforma es la desprotección de la seguridad ciudadana privando al Estado español del principal instrumento que le permite el ejercicio de ese monopolio legítimo de la violencia que es su principal atributo, de tal manera que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vean limitada hasta tal punto su capacidad de acción ante actitudes de desafío al monopolio legítimo que puedan pasar a convertirse en víctimas de quienes lo cuestionan, a saber, el mundo al revés.

Como ha señalado certeramente en este medio Ramón Pérez-Maura, «Día a día se suceden los ejemplos de cómo este Gobierno pretende acabar con España. Hasta ahora yo creía que simplemente estaban dispuestos a mantenerse en el poder a cualquier precio. Empiezo a comprender que el objetivo es otro». En esta misma línea, también yo señalé en este medio que «hay quienes piensan que los procesos revolucionarios necesitan de violencia. El revolucionario profesional sabe que hay caminos alternativos más sinuosos pero igualmente eficaces para subvertir el orden establecido». Esta iniciativa del nacionalismo vasco es un eslabón más en la cadena iniciada por la Ley de Memoria Histórica del infausto Zapatero, ahora dedicado a cultivar a lo mejor de cada casa en Hispanoamérica sin reparar en gastos de dudosa procedencia, y la de «memoria democrática» del no menos infausto Sánchez: todos son pasos pausados pero firmes encaminados al cuestionamiento del orden constitucional surgido de la Transición y, en definitiva, al desmantelamiento de la nación española.

Cuando quienes desgobiernan un Estado propician semejantes desafueros, hay que temer muy seriamente por la viabilidad de ese Estado y por la supervivencia de la nación.

• Melitón Cardona es ministro plenipotenciario jubilado