Fundado en 1910

17 de abril de 2024

EN PRIMERA LÍNEACarlos de Urquijo

Veinte años no es nada

Una democracia que se precie no puede permitir que una banda terrorista haga política en las instituciones y menos aún, que sea por cuenta de los impuestos de todos los españoles

Actualizada 12:50

Fue Carlos Gardel autor e intérprete de uno de los tangos más famosos de la historia, «Volver». Con frecuencia recordamos uno de sus versos, concretamente el que da pie al título de este artículo «que veinte años no es nada». Pero vaya si lo son. Hace veinte años, el 27 de marzo de 2003, la Sala Especial del Tribunal Supremo, atendiendo a las demandas de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, resolvió declarar «la ilegalidad de los partidos demandados, esto es, de Herri Batasuna, de Euskal Herritarrok y de Batasuna».
El procedimiento de ilegalización fue instado en un Consejo de Ministros celebrado el 30 de agosto de 2002 como consecuencia del atentado ocurrido días antes en Santa Pola en el que un coche bomba de la organización terrorista ETA contra el cuartel de la Guardia Civil, causó la muerte de dos personas. Se entendió que, que además de otros indicios, la ausencia de condena de Batasuna hacía incurrir a este partido, y a sus marcas previas, en uno de los supuestos previstos en la Ley 6/2002 debiendo instarse la ilegalización y, en consecuencia, su expulsión de las instituciones.
Adelantándose a la sentencia del Tribunal Supremo, el Magistrado Baltasar Garzón, el mismo día que el Congreso de los Diputados acordaba instar del Gobierno la ilegalización, dictó el 26 de agosto un auto declarando la suspensión de actividades de Batasuna. Hoy, veinte años después, EH-Bildu, la coalición electoral sucesión de las formaciones ilegalizadas –así lo decretó el Tribunal Supremo el 1 de mayo de 2011– es, junto a ERC, el partido que asegura la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y determina su acción política. No solo han vuelto, sino que lo han hecho a lo grande, de manera triunfal. Para entender cómo hemos llegado hasta hoy solo hace falta tener memoria, ni histórica ni democrática, simplemente un poco de memoria, sin adjetivos.
Comencemos por el principio, por la ley 6/2002. La mayoría absoluta obtenida por el PP en las elecciones del 12 de marzo de 2000 permitió al Gobierno de José María Aznar poner en marcha la batalla total contra ETA. La estrategia para conseguir su derrota debía ir más allá que la mera detención de terroristas para acabar con la banda. Una organización terrorista no puede sobrevivir sin fuerzas auxiliares que nutran sus filas y complementen su actividad criminal. En el caso de ETA, no podía hacerlo sin su brazo político –Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok– así como otras asociaciones en el mundo de la alfabetización, los medios de comunicación, los jóvenes, los sindicatos o los presos.
Ilustración: Sanchez eta

Lu Tolstova

La publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado el 28 de junio de 2002 justifica por sí sola una legislatura. Una democracia que se precie no puede permitir que una banda terrorista haga política en las instituciones y menos aún, que sea por cuenta de los impuestos de todos los españoles. Fue un momento luminoso para nuestra democracia que, Rodríguez Zapatero primero, y Pedro Sánchez después, han conseguido eclipsar. Mientras el PSOE negociaba la aprobación de la ley con el PP, su secretario general Zapatero, autorizaba los contactos de Eguiguren con Otegi en el caserío Txillare de Elgoibar, para conseguir una «solución dialogada» con los terroristas. La pista de aterrizaje diseñada por ambos, sirvió para ir dando al traste con la solución acordada con Moncloa que buscaba el final del terrorismo con la estricta aplicación del Estado de derecho.
Y como dice el tango, volvieron. Tras la ilegalización de 2003, las primeras elecciones sin la ETA política debían haber sido las autonómicas vascas de abril de 2005. Casualmente apareció en escena un desconocido Partido Comunista de las Tierras Vascas, el Gobierno pudo instar su ilegalización, pero no lo hizo y lograron nueve escaños. Tras haberles garantizado en 2005 su presencia en el Parlamento Vasco, en 2008, qué casualidad, se encontraron los indicios que facilitaron su ilegalización. En mayo de 2007 se celebraban elecciones municipales, con un PCTV bajo sospecha, el Gobierno decidió facilitar el paso a las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca para permitir a los herederos de ETA volver también a los ayuntamientos. En esta ocasión el recurso fue más vergonzoso pues trataron de tomarnos por idiotas a los españoles. El Gobierno solo recurrió las candidaturas de los municipios en los que las posibilidades de ANV eran inexistentes y garantizó su participación en aquellos en los que eran fuertes, así como en las Juntas Generales de las tres provincias vascas. Para ANV también llegó después el momento de la ilegalización, pero ya era tarde, el daño estaba hecho, disponían de alcaldes, concejales y junteros en todo el País Vasco. Y llegamos al último capítulo del fraude, las municipales de 2011. Para estas elecciones se presentó la coalición EH-Bildu. Las 254 candidaturas fueron anuladas por el Tribunal Supremo el 1 de mayo, pero tres días más tarde el Tribunal Constitucional, de nuevo otra casualidad, estimó el recurso de amparo de la coalición permitiendo su presencia en las elecciones. Aunque pocos meses después Zapatero fue derrotado en las elecciones generales y el PP llegó al Gobierno, sorprendentemente, EH-Bildu continuó en las instituciones.
Y para terminar de estropearlo todo apareció en escena Pedro Sánchez, el que dijo muy serio, casi enfadado, cuando le preguntaron al respecto, aquello de «con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces, o veinte durante la entrevista». Gracias a sus votos llegó a la Moncloa y agradecido se esfuerza cada día en limpiar el sangriento pasado de los que le auparon al poder. Bildu y ERC conforman lo que el PSOE llama ufano el bloque de la investidura, y con estos que destrozaron la vida de cientos de españoles y los que quieren despedazar la nación, acuerdan la gobernación de España. Los ejemplos sobran, no alargaré por tanto el artículo citándolos.
Comenzaba estas líneas con el préstamo de la letra de un tango y finalizo con otro de una novela de Vargas Llosa, Conversaciones en la catedral. Ante el declive de un Perú asolado por la dictadura y la corrupción, Santiago Zavala, su personaje principal, se preguntaba «¿en qué momento se había jodido el Perú?». Si cambiamos el Perú por la democracia española la respuesta es sencilla, podemos contestar con claridad que a partir del 14 de marzo de 2004. Al menos nos queda la esperanza de que siempre hay tiempo para rectificar.
  • Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco
Comentarios

Más de En Primera Línea

tracking