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28 de marzo de 2024

EN PRIMERA LÍNEACarlos de Urquijo

El polvo del camino

A los españoles que todavía mantenemos cierto espíritu crítico y no queremos resignarnos a ver cómo se arroja por la borda nuestra democracia y nuestro Estado de derecho, nos queda un último recurso, el más importante, el voto

Actualizada 12:50

Perpetrada la semana pasada la penúltima claudicación del Ejecutivo frente al separatismo, con la desaparición del delito de sedición y la rebaja de la malversación, resulta oportuno recordar que la autoría del suicidio de nuestro Estado de derecho no corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez aspira a cincelar su epitafio, pero no ha sido el primero en arrumbar nuestra democracia, además de Rodríguez Zapatero, ha contado con la participación de otros colaboradores, ha sido un suicidio asistido.
Ocurrió en octubre de 2006 en la Comisión de Justicia del Senado. ETA había declarado en marzo un «alto el fuego permanente» para facilitar la vergonzosa negociación política con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Cándido Conde Pumpido, entonces fiscal general del Estado, había acudido en junio a Vitoria para intervenir en un congreso de «jueces para la democracia». Pronunció allí unas palabras tan poco afortunadas, al parecer, que fue requerida su comparecencia en la cámara alta para dar explicaciones.
Además de aquellas manifestaciones, en la comparecencia se cuestionaron algunas actuaciones de la Fiscalía en relación con terroristas de ETA. En opinión del PP, obedecían a una clara intencionalidad de favorecer el proceso de negociación política puesto en marcha suavizando su actuación. Conde Pumpido afirmó en su intervención que la única garantía para las víctimas del terrorismo «era y es la aplicación imparcial, serena y firme del derecho a todos los justiciables por igual», no obstante aclaró que «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino». Intencionalidad confirmada.
Dieciséis años después la profecía del ahora candidato a presidir el Tribunal Constitucional se ha convertido en mandato imperativo para el Gobierno. La demolición del Estado de derecho avanza a paso firme, el vuelo de las togas de jueces y fiscales, por orden de la superioridad, no se conformará ya con el polvo del camino, se rebozará en el fango del autoritarismo –la participación de la mujer de Conde Pumpido en el pleno del Consejo General del Poder Judicial para elegir a los vocales del Constitucional es el último ejemplo de esta deriva–. Sin división de poderes, sin contrapesos, sin un tribunal de garantías elegido por la mayoría reforzada que la ley exige y con una Jefatura del Estado amordazada y ocultada, nadie pondrá ya coto a los desmanes de un Gobierno que nos conduce hacia una democracia iliberal, o dicho más claramente, hacia un régimen autoritario. Todavía queda un año, pero la cantidad de polvo contaminado que nos están obligando a respirar, terminará por asfixiarnos si no salimos del letargo.
ilustracion: sanchez polvo

Lu Tolstova

Frente a la resolución del Constitucional, Sánchez, lejos de avergonzarse, ha optado por una nueva huida hacia adelante tirando otra vez de su «Manual de resistencia». Basta con repasar su declaración institucional del pasado día 20: «El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales de 2019». Dicho y hecho. La primera medida, por fortuna sin éxito, el recurso de súplica del Senado ante el TC para anular la paralización de la tramitación fraudulenta. Esta vez, también con la ayuda del vuelo de la toga de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, partidaria de recusar solo a dos de los cuatro magistrados con mandato prorrogado. ¿Recuerdan? –«¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está»–. La segunda será la proposición de ley exprés para, mediante lectura única, evitar de nuevo los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, el debate en ponencia y la votación en Comisión. De esta manera, con apenas un mes de retraso, a finales de enero quedará consumado el asalto a la Justicia.
A los españoles que todavía mantenemos cierto espíritu crítico y no queremos resignarnos a ver cómo se arroja por la borda nuestra democracia y nuestro Estado de derecho, nos queda un último recurso, el más importante, el voto. De todos depende que dentro de un año la soberanía nacional, que no la popular, elija libremente y con todas las garantías, unas Cortes Generales formadas por diputados y senadores que, ojalá, crean realmente que «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
Para los impacientes en afirmar que con España y nuestra democracia no se juega, termino con un recordatorio. El próximo 21 de enero, convocados por distintas organizaciones civiles, tenemos la oportunidad de acudir a la concentración de la plaza de Colón en Madrid, con un lema muy apropiado para mostrar nuestra preocupación ante la gravedad de la situación: «Por España, la democracia y la Constitución».
Postdata: una vez escritas estas líneas el Consejo General del Poder Judicial ha elegido por unanimidad los dos vocales que le corresponden para el Tribunal Constitucional. Pese al alborozo inicial por el desbloqueo institucional, no cambian tanto las cosas. Pedro Sánchez acaba por configurar con los dos candidatos del Gobierno, su exministro Campo y su exdirectora general Díez, un Tribunal dócil a sus tropelías legales que, en el futuro, avalará sus leyes de asalto al Estado de derecho y el referéndum independentista anunciado por Aragonés. Conde Pumpido, sea o no elegido presidente, continúa siendo su candidato. Lo único que se altera son las prisas por la reforma exprés. La proposición de ley ya no será urgente, los nombramientos del CGPJ le permiten maquillar su deriva bolivariana, pero no cambia su voluntad de someter a la Justicia. ¿Recuerdan el anuncio de aquel aceite lubricante «Tres en uno» con el que todo volvía a funcionar? pues esa es la aspiración de Pedro Sánchez, que todo vuelva a funcionar en España como él desea, con el final de la división de poderes, con los tres poderes en uno, los tres en su mano.
  • Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco
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