27 de enero de 2023

tribunaCarlos de Urquijo

Violencia política

La indecencia, la inmoralidad y la bajeza no es otra que la de haber contribuido a blanquear a EH-Bildu, una formación a la que el Tribunal Supremo, en mayo de 2011, consideró parte de la organización terrorista ETA

La intervención de una diputada de Vox en el marco del debate de los Presupuestos Generales del Estado, diciendo a Irene Montero que ha llegado a donde está como consecuencia de «haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias» ha provocado una escandalera absurda. Los minutos de televisión, radio y redes sociales atribuidos a esta memez, son consecuencia, a partes iguales, de la corrección política que nos invade y de la degradación política del parlamento que padecemos desde el final del bipartidismo. Una degradación, en las formas y en el fondo, a la que sin duda ha contribuido de manera singular la irrupción en las Cortes del populismo de Podemos y acrecentada con su participación en el Gobierno.
La ministra Montero respondió a la diputada de Vox con una intervención tan incendiaria como desproporcionada. Absolutamente ofendida, calificó de violencia política las palabras utilizadas, llegando a tachar al grupo de la diputada de «banda de fascistas» que, dicho sea de paso, parece ser menos grave que la referencia personal al marido de la ministra. Irene Montero, probablemente como consecuencia de su acaloramiento, no recordó la intervención de Pablo Iglesias en un plató de televisión el 8 de marzo de 2014. Aquella noche Iglesias recurrió a un argumento similar al utilizado contra ella cuando, para descalificar a Ana Botella, dijo que su única fuerza para haber llegado a la Alcaldía de Madrid era «ser esposa de su marido» y que había sido «nombrada sin preparación» –por cierto, no está de más recordar en este momento que la señora Botella es técnico de administración civil del Estado por oposición–.
Convendría que Irene Montero y todos los miembros de su grupo que le jaleaban en su respuesta al grito estentóreo y fuera de lugar de ¡libertad, libertad!, dejaran la sobreactuación para mejor ocasión y repasaran algunos pasajes de nuestra historia. Si así lo hicieran, se darían cuenta del verdadero significado de la violencia política en la sede de nuestra soberanía. Quizá de este modo evitarían avergonzarnos de nuevo al ver cómo han convertido el parlamento en una mezcla de jardín de infancia, asamblea universitaria y barra de bar.
El 7 de julio de 1910, en el marco del debate sobre el final del gobierno largo de D. Antonio Maura, el diputado Pablo Iglesias Posse, entonces presidente del PSOE, se permitió pronunciar la siguiente amenaza «Hemos llegado al extremo de considerar que, antes que Su Señoría suba al poder, debemos llegar al atentado de personal». Toda una declaración de intenciones. 15 días después D. Antonio resultó herido por dos disparos de bala en la estación de Francia en Barcelona.
El 4 de julio de 1934 se debatía en el Congreso de los Diputados la situación de Cataluña, la intensidad del debate y la inquina a un gobierno que la izquierda consideraba ilegítimo, llegó al punto de que el socialista Indalecio Prieto sacó la pistola de su bolsillo y, amartillándola, apuntó amenazante al diputado de la CEDA Jaime Oriol. Ya saben lo que ocurrió tres meses después cuando aquellos que habían ganado las elecciones de noviembre de 1933 accedieron al Gobierno con tres ministros.
Hay más ejemplos de auténtica violencia política en el parlamento, pero estos dos son suficientes para dejar en evidencia la absurda intervención de Irene Montero para intentar ocultar la incapacidad y la soberbia demostrada en la redacción de su ley sobre la garantía integral de la libertad sexual. A la pléyade de ofendidos que han optado por la corrección política calificando de indecencia política la intervención citada, que ciertamente no fue afortunada teniendo en cuenta además el desastre de su gestión, conviene decirles que esta semana la indecencia por excelencia, como a lo largo de toda la legislatura, solo ha sido una.
La indecencia, la inmoralidad y la bajeza, no es otra que la de haber contribuido a blanquear a EH-Bildu, una formación a la que el Tribunal Supremo, en mayo de 2011, consideró parte de la organización terrorista ETA. Un grupo al que han admitido en el debate político hasta el punto de haberles permitido convertirse en socio preferente del Gobierno de España. Y así, con toda naturalidad, como si las 856 víctimas asesinadas por ETA no hubieran existido, lo mismo negocia la puesta en marcha de un nuevo memorial para las víctimas del 3 de marzo, que la salida de la Guardia Civil de Navarra o la excarcelación de los presos de la banda. Todo lo demás solo son cortinas de humo para quien quiera dejarse engañar.
  • Carlos de Urquijo es director de proyectos de la Fundación Villacisneros
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