2026: La sociedad que perdemos todos

La cancelación del acto de Arturo Pérez-Reverte en torno a la Guerra Civil española no es un hecho aislado ni una simple polémica cultural. Es, más bien, el reflejo de un problema profundo que atraviesa hoy a la sociedad española: la progresiva normalización de la cultura de la cancelación y la consiguiente erosión del debate público. Lo preocupante no es únicamente que se cancele un acto, sino lo que dicha cancelación revela sobre nuestra incapacidad creciente para convivir con la discrepancia.

España vive desde hace años una intensificación de la polarización política y social. Las divisiones no se limitan a la contienda partidista, sino que afectan a cuestiones estructurales y trascendentales: el modelo de país, la organización territorial, el papel de la religión en el espacio público, los nacionalismos periféricos o la propia interpretación del pasado. Esta fragmentación, agravada por la lógica de bloques y por una política cada vez más emocional, ha generado un clima en el que determinados temas se consideran intocables y en el que disentir se percibe como una amenaza moral.

En este contexto, la Guerra Civil española se ha convertido en uno de los campos de batalla simbólicos más delicados. No tanto por la dificultad inherente al tema, sino por la pretensión de imponer un discurso único sobre él. Cualquier aproximación que no encaje en una determinada ortodoxia es rápidamente etiquetada como antidemocrática, revisionista o incluso peligrosa. El caso del acto cancelado ilustra esta dinámica: no se discute el contenido, no se confrontan los argumentos, sino que se niega directamente la posibilidad misma de que el debate tenga lugar.

Este fenómeno no es exclusivo del pasado español. Algo muy similar ocurre hoy con otros conflictos complejos y dolorosos, como el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. En ambos casos, se tiende a reducir realidades históricas y humanas extremadamente complejas a esquemas de suma cero, en los que reconocer el sufrimiento de una parte parece implicar necesariamente negar el de la otra. Esta lógica no solo empobrece el análisis, sino que deshumaniza a quienes quedan fuera del relato dominante.

Una de las claves de este problema reside en la confusión interesada entre historia y memoria. La historia es una disciplina crítica, sujeta a revisión, debate y contraste de fuentes. La memoria, en cambio, es siempre parcial, emocional y vinculada a la experiencia individual o colectiva de un grupo. Pretender fijar por ley una determinada memoria del pasado –como ocurre con determinadas interpretaciones asociadas a las leyes de memoria histórica o memoria democrática– supone un ejercicio de control ideológico que desborda el legítimo objetivo de la reparación de las víctimas.

La reparación de las víctimas del franquismo era y es una deuda pendiente del Estado español. Muchas personas sufrieron represión, violencia y muerte, y no obtuvieron ni justicia ni reconocimiento durante décadas. Reconocer este hecho no solo es justo, sino necesario. Sin embargo, otra cosa muy distinta es utilizar esa reparación como coartada para imponer una lectura cerrada del pasado, en la que toda complejidad desaparece y toda discrepancia se convierte en sospecha moral.

Conviene recordar que los procesos de justicia transicional responden a una lógica concreta: primero la paz, luego la justicia. La Transición española, con todas sus limitaciones, permitió el paso de una dictadura a un régimen democrático en un contexto extremadamente frágil. Exigir retrospectivamente que aquel proceso resolviera de manera inmediata y total todas las injusticias del pasado no solo es injusto, sino históricamente ingenuo. Sin aquel equilibrio precario, probablemente no habría habido transición alguna.

Esto no implica negar la naturaleza dictatorial del franquismo ni la existencia de un aparato represivo claramente identificable. El régimen surgió de un golpe de Estado y ejerció una represión sistemática contra amplios sectores de la población. Reconocer esto no obliga a negar que, durante la Guerra Civil, hubo víctimas en ambos bandos. Reconocer la dignidad de todas las víctimas equivale, simplemente, a rechazar una visión de suma cero del sufrimiento humano.

Este mismo razonamiento es aplicable al conflicto entre israelíes y palestinos. Es posible reconocer la tragedia que vive la población palestina, especialmente en Gaza, sin por ello negar las víctimas israelíes ni el impacto del terrorismo sobre su sociedad. Negarse a ver el dolor del otro, o justificarlo en función de un relato político, conduce inevitablemente a la deshumanización y al enquistamiento del conflicto.

La ausencia de debate real es uno de los síntomas más preocupantes de esta deriva. En lugar de confrontar ideas, se cancelan personas. En lugar de discutir argumentos, se lanzan etiquetas. Las declaraciones de David Uclés, calificando de antidemocráticas a ciertas personas por el mero hecho de no compartir su enfoque, son ilustrativas de esta tendencia. Resulta especialmente inquietante que personas intelectualmente formadas adopten posiciones tan radicales, que sustituyen el análisis por la exclusión.

Este problema se manifiesta con especial intensidad en el ámbito universitario, donde el activismo ha ido ocupando el espacio que tradicionalmente correspondía al pensamiento crítico. La universidad debería ser el lugar por excelencia del contraste de ideas, del disenso argumentado y del aprendizaje mutuo. Sin embargo, cada vez con más frecuencia se convierte en un espacio donde ciertas posiciones son silenciadas no por su falta de rigor, sino por su supuesta incorrección moral.

Frente a esta situación, conviene recordar cuáles deberían ser las condiciones mínimas para que un acto público pueda celebrarse con normalidad. No se trata de exigir unanimidad ni consenso, sino respeto. Respeto a la dignidad de las personas, rechazo explícito de cualquier forma de violencia, negativa a justificar atentados contra la vida y voluntad de situar al ser humano en el centro. Si estas condiciones se cumplen, no hay razón democrática para impedir el debate.

La cancelación sistemática, la deshumanización del adversario y la imposición de discursos únicos no fortalecen la democracia; la debilitan. Una sociedad madura no es aquella que elimina el conflicto, sino la que aprende a gestionarlo sin recurrir al insulto ni a la censura. Si España aspira a ser una sociedad plural, democrática y cohesionada, necesita recuperar el valor del debate y la centralidad de la dignidad humana. Solo desde el reconocimiento del otro, incluso –y sobre todo– cuando piensa distinto, podremos evitar una deriva hacia una sociedad cada vez más fragmentada, más crispada y, paradójicamente, menos democrática.