Víctimas buenas, víctimas malas

Zapatero, actualmente comisionista de altos vuelos y entonces presidente del Gobierno, recuperó, tras la Transición, el enfrentamiento entre españoles, tremendo en el XIX y que en el XX desembocó en la terrible guerra civil. En la Transición, diferentes estrategias partidistas confluyeron para construir el futuro en momentos delicados. A Zapatero se debe la primera ley de Memoria Histórica de la que fui ponente de mi grupo en el Senado; obviamente, votamos en contra. Ya era un disparate. Luego llegaría la ley de Memoria Democrática, promovida por Sánchez. Otra aberración vengativa a la que, entre otras repercusiones nefastas, se deberá la multiplicación de votantes por fomentar las nacionalizaciones en una maniobra que, de hecho, es un anuncio de pucherazo legalizado.

El sector aperturista del régimen consiguió la democracia; la oposición interior y exterior nunca lo hubiesen logrado. Muchos jóvenes no lo entenderán; volvamos a aquel momento. Recuerdo el debate de la ley de Reforma Política, ideada desde aquel inteligente «de la ley a la ley» de Fernández-Miranda, y defendida en las Cortes franquistas por dos personajes con mensaje: Fernando Suárez, vicepresidente y ministro en la última etapa franquista, y Miguel Primo de Rivera, sobrino de José Antonio, considerado ideólogo histórico del sistema, es verdad que desde un parcialismo deformador y su utilización interesada. Es curioso que dos protagonistas fundamentales de la recuperación democrática, liderada por el Rey Juan Carlos, hubiesen sido ministros del Movimiento: Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-Miranda.

Ahora estamos ante un nuevo capítulo en la espiral del enfrentamiento histórico entre españoles, obra de dos presidentes socialistas que unen en sus gestiones inutilidad y sectarismo, uno nuestro Gepeto y el otro su Pinocho: la «Comisión de la Verdad» sobre violación de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo. Promovida, no ideada, por el ministro Torres, que según se publicó tiene asuntos que ocultar durante su gobierno en Canarias y sus viajes a Madrid. Si existen, se sabrán como, sin pausa, se van conociendo flecos desde el periplo del Peugeot. Al frente de esa Comisión han colocado a Baltasar Garzón, de sobra conocido por sus zascandileos políticos-jurídico-económicos y por su ideología. Esta Comisión recuerda a los órganos depuradores creados en media Europa, los países ocupados por la URSS, tras la Segunda Guerra Mundial.

Los miembros de la Comisión son caseros, de la órbita de Ferraz, aunque en su regulación se señalase que serían «diez personas independientes»; así entiende la independencia Sánchez. La Comisión nos lleva al Ministerio de la Verdad de 1984, de Orwell, ficción contra el totalitarismo. Garzón fue inhabilitado en 2012 por el Supremo por prevaricación al seguir «prácticas de regímenes totalitarios». En este tiempo de no sobrado peso intelectual muchos ni siquiera sabrán que Orwell, socialista democrático, voluntario en la Guerra Civil, huyó de España asqueado por el totalitarismo que vivió; combatió en la zona republicana y lo contó. Recomiendo su lectura. En su nuevo cometido Garzón contará con la colaboración directa de su pareja, Dolores Delgado, exministra de Justicia y exfiscal general del Estado con Sánchez, designada fiscal de Memoria Democrática por el condenado Álvaro García Ortiz, al que ella había nombrado. Baltasar&Dolores decidirán en cercanísima armonía si somos buenos o malos, si compartimos o no la versión histórica del sanchismo. Todo quedará en casa.

El juicio de la Historia debe corresponder a los historiadores, no a unos personajes o personajillos nombrados por el Gobierno. La creación de esta orwelliana «Comisión de la Verdad» responde a claras intenciones: que la Historia que conozcamos y que llegue a los jóvenes sea la inventada, no la real. Abre el camino para que gobiernos futuros reescriban la Historia a su gusto sobre los periodos que políticamente les interesen. Además de un desatino intelectual, es otra vergüenza para el Gobierno; siempre dividiendo y tras su muro. Historiadores ilustres lo han denunciado. Esta manipulación hecha norma atenta contra el sentido crítico de una sociedad abierta y democrática, amenazado ahora por las decisiones de un órgano oficial de raíces y miras totalitarias. Lo grave es que ya nada nos sorprende. En su primer Consejo de Ministros Feijóo debería derogar la ley de Memoria Democrática y sus secuelas.

Mientras Sánchez, tan ocupado por asuntos de hace muchos decenios, usa la goma de borrar sobre el terrorismo de ETA, pacta sacar a la calle a asesinos y desprecia, persistente, a sus víctimas. Tampoco se emplea en esclarecer cientos de asesinatos condenados al olvido. Para Sánchez y su desgobierno hay víctimas buenas y víctimas malas, aunque entre los asesinados por el terrorismo etarra figuren socialistas. La personificación de esta desvergüenza es Patxi López, que tantos ataúdes de compañeros llevó a hombros. Ahora la memoria le falla; es un traidor a sí mismo. También Sánchez apunta entre las víctimas malas, para el olvido, a las del accidente de Adamuz, y sin un reproche para el inútil Puente, un faltón profesional. A veces los escaños y los cargos hacen olvidar la dignidad.

Sánchez saldrá de Moncloa cuando voten los ciudadanos; se comprueba en cada elección. Perdió las últimas generales y para conservar su sillón, trapicheó con enemigos de España y otros rebaños radicales; no había ocurrido nunca. Extraña que aún engañe a millones de votantes. ¿Qué pasa por la cabeza de los españoles? La pregunta del millón es a qué se debe el inmovilismo interno del PSOE. ¿Quiere desaparecer como el PSI en Italia tras Bettino Craxi? Hay suicidas previos que luego se sorprenderán. Así estamos.