Movilizaciones

En las democracias donde se canalizan como es debido las inquietudes ciudadanas, el recurso a las movilizaciones suele ser menos frecuente. Ha habido excepciones, sin embargo, como aquella revuelta popular contra Thatcher a cuenta del poll-tax, que acabaría con su mandato. Pero, por regla general, las agitaciones callejeras encuentran su inmejorable caldo de cultivo en sistemas que no funcionan o lo hacen defectuosamente. Se sustituye en ellos la disputa sobre los asuntos de naturaleza pública en las moquetas del poder por las manifestaciones en empedrados de plazas y avenidas.

Con todo, este esquema básico ha experimentado en los últimos tiempos novedades dignas de atención. En naciones en las que reina el pluralismo, han proliferado sin embargo movimientos radicales de diverso pelaje, haciendo uso de una violencia descomunal. Ni que decir tiene que estas iniciativas poco o nada tienen que ver con el legítimo ejercicio del derecho de reunión, que en cualquier lugar está vinculado al mantenimiento del orden público. El caso es que la repercusión que generan altera, o puede hacerlo, la dinámica política en esos países, encauzada a través de su institucionalidad. Pensemos en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, las barricadas con trasfondo racial en Francia o Irlanda, los disturbios en Argentina o los bloqueos en Bolivia, en los que se persigue subvertir un resultado electoral por medio de algaradas impulsadas por genuinos intereses ideológicos.

En estos episodios coincide la intención sediciosa de sus promotores. De ahí que, por su propia defensa, los estados deban tratar estas cuestiones como un asunto más de seguridad interna, atajándolas con la severidad y proporcionalidad que contemplan las leyes en los regímenes democráticos. Ni es ni puede ser de recibo en estos supuestos esa tolerancia mal entendida consistente en ponerse de perfil ante acontecimientos que comprometen la imprescindible tranquilidad social, esperando a que algún día escampe.

Otra circunstancia de relieve viene dada por la completa ausencia de movilizaciones por parte de aquellas organizaciones civiles con orientación próxima a los que mandan. Haya o no causa objetiva para convocarlas, cede el seguidismo al que sirven y en ocasiones del que viven, a costa de un presupuesto público brindado por sus conmilitones políticos. Sin duda, de haber protagonizado otros la sucesión de escándalos y sobresaltos de estos años, muchos pensamos que España estaría como el Sarajevo de los noventa: en llamas. Y no es descartable que volvamos a estarlo de producirse un futuro cambio de gobierno, suscite o no motivos para el descontento colectivo.

Lo que parece meridianamente claro es que las marchas, sentadas, concentraciones o propuestas por el estilo suelen ser siempre de determinado color. Y, como nuestras actuales sociedades son bobaliconas y se dejan impactar por estas cosas, existe el riesgo de que quienes no sacan los votos suficientes en unas urnas se aprovechen adicionalmente de ese teledirigido vocerío y den la impresión de una coyuntura diferente, haciendo irrespirable la vida en común e impidiendo o ralentizando los necesarios avances.

No obstante, hemos de relativizar el alcance real de estos movimientos de agitación. Sus activistas rara vez consiguen sus propósitos, como la historia nos recuerda. Véase el paupérrimo respaldo de los que patrocinaron el febril Mayo del 1968 francés, hundidos en los comicios de ese año por la mayoría silenciosa de la que hablara De Gaulle y que continúa existiendo en cualquier latitud. O lo de aquellos indignados de la Puerta del Sol y sus movidas posteriores, que acabaron como acabaron, desvaneciéndose pronto sus expectativas al conocerse lo que daban de sí sus genialidades.

Reconozco mi escepticismo sobre las movilizaciones ciudadanas. Aunque estén más que justificadas por esos espectáculos lamentables que aparentan no tener fin. Me simpatizan bastante más aquellas otras que se alzan contra el poder cuando este las reprime, como sucedió hace años en Cuba y Venezuela, o con la llamada Primavera Árabe, en que se defendían principios incuestionables, aunque hasta en estas escandaleras ya se han visto sus modestos frutos.

El robustecimiento democrático pasa por el reforzamiento de su institucionalidad y por limitar estas movilizaciones al simple ejercicio del derecho de reunión pacífico y propositivo. Con escrupuloso respeto del orden establecido y de quienes no tienen obligación alguna de participar activamente en la vida pública, salvo en unas elecciones.