Infinitas leyes
Precisamos con urgencia poner a trabajar a los parlamentos en el estricto control político de los gobiernos. Y en mantener actualizadas sus leyes. Nunca en promover nuevas ocurrencias legislativas, algunas de auténtica aurora boreal
Le he preguntado sin éxito a la inteligencia artificial y lo he indagado con igual suerte en los buscadores de internet. Ni una ni otros me saben decir el número de normas vigentes en España o Europa. Hablan de cien mil a trescientas mil, lo que confirma que no tienen la más remota idea. O que, al no existir un registro público en la materia, resulta arriesgado aventurar una cifra. La producción normativa ha llegado a tales dimensiones que ni sabemos a ciencia cierta su alcance, que ya cabe calificar como incalculable.
Si desconocemos hasta el volumen de las normas a las que debemos someternos, ya me dirán qué sentido tiene que su ignorancia no excuse de su cumplimiento, como lleva ciento treinta y siete años proclamando nuestro Código Civil. Las circunstancias en las que tal mandato se promulgó, en las que predominaba un derecho más reducido y compacto, nada tienen que ver con las actuales. La «legislación incontinente» de la que hablaba Ortega es un fenómeno mucho más moderno, que ha experimentado a lo largo del tiempo un crecimiento tan exponencial que ni los avances digitales son capaces hoy de dominar con garantías.
Lo que antes era sencillo de hacer consultando los Martínez Alcubilla o Aranzadi, donde se compendiaban cuantos recursos jurídicos existían, es ahora impensable. La infinitud normativa no es que sea imposible de reconocer por cualquier ciudadano, es que ni los profesionales del derecho las pueden tener tampoco todas consigo, dada la considerable acumulación de disposiciones. Así las cosas, ninguna justificación puede tener que se haga apechugar al que desconoce una ley de sus repercusiones jurídicas, porque tal precepto no responde en absoluto a la realidad de estos momentos, como también obliga a hacer el Código Civil en la aplicación de las normas.
Con todo, este colosal magma normativo provoca adicionales y odiosas derivadas, que debieran merecernos atención. Como tuve la oportunidad de señalar en mi discurso de ingreso en la Real Academia Europea de Doctores, esos excesos legiferantes acostumbran a ser el origen de las indeseables cargas administrativas –¡y fiscales!– que afligen cada vez más a nuestras sociedades, y que con frecuencia ponen poderosos palos en las ruedas a numerosas iniciativas, aunque se vistan de seda controladora en beneficio de vaya usted a saber de qué o de quién. De hecho, la estrategia legislativa comunitaria en amplios sectores productivos va en esa línea de eliminar obligaciones cuando se aprueba un nuevo ordenamiento, evitando amontonar mandatos asfixiantes que lastran a nuestra economía.
Aunque la Unión Europea no esté precisamente para hablar de medidas efectivas para atajar la inflación normativa, al haber sido uno de sus principales promotores en las últimas décadas, no está mal que comience a tomar cartas en este asunto e impulse un calendario de reformas reales en los veintisiete a fin de podar sus bosques legislativos, convertidos ya en auténticas selvas.
Cuando hablo de podar no me refiero a talar con esa célebre motosierra libertaria que parece aspirar a devolvernos a las utopías clásicas en las que con un par de reglas colgadas a la puerta del templo podía gobernarse bien a un pueblo. Algo así es impensable en la actualidad, en la que la sofisticación y complejidad de las comunidades contemporáneas precisan de buenas leyes, entre otras razones para defender a los propios mercados. Pero hemos de velar mucho más de lo que estamos haciendo por la calidad regulatoria, y sobre todo por tratar de llevar a las leyes mandatos sencillos y acatables, sensatos, que contribuyan al progreso y no constituyan una rémora indeseable.
Precisamos con urgencia poner a trabajar a los parlamentos en el estricto control político de los gobiernos. Y en mantener actualizadas sus leyes. Nunca en promover nuevas ocurrencias legislativas, algunas de auténtica aurora boreal. Hemos de hacer como en Alemania, en donde solo aprueban leyes cuando han constatado que son más razonables que aquellas a las que vienen a sustituir, un interesante principio de conservación del derecho vigente que impone, además, velar porque este no caiga en obsolescencia, sino que sirva siempre al útil objetivo para el que fue creado.
«Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes», sentenció Tácito. Aquí seguimos igual, dos mil años después.
- Javier Junceda es jurista y escritor
