El delito de Ferran Torres

El portavoz de Vivienda de Sumar, un tal Alberto Ibáñez, ha considerado oportuno cargar contra el héroe de la selección nacional, el hombre que nos dio el Mundial con su gol en la final ante Argentina. Parece ser que Ferran Torres, en lugar de gastarse el dinero en cocaína y prostitutas, como han hecho, según consta en los sumarios, sus socios socialistas, ha decidido invertirlo en el sector inmobiliario, como hace la mayoría de los españoles a los que les sobra algo a fin de mes.

El portavoz en cuestión lo ha tachado de «especulador» y ha calificado de «fondo buitre» su sociedad de inversión, Eleven Future Invest, que, según atribuyó a Forbes, acumula veinte propiedades. Con un matiz que retrata al personaje: Forbes hablaba de «propiedades», y fue el diputado quien las convirtió mágicamente en «viviendas» para engordar el escándalo. El Español ya ha desmontado que el futbolista tenga veinte casas.

Les parece intolerable que un deportista convertido en enseña nacional saque rendimiento a sus ingresos, pero les parece fenomenal que, por ejemplo, El Gran Wyoming tenga diecinueve inmuebles, cifra que él mismo reconoció en su día y que consta en el Registro de la Propiedad, como han publicado diversos medios. A mí, personalmente, me parecen bien las dos cosas. Me alegro de que a la gente le vaya bien: es señal de que algo funciona. Pero en Sumar andan furiosos por su escaso éxito electoral y muy nerviosos porque empiezan a comprender que su rentable negocio político tiene los días contados.

El problema de la vivienda es evidente y no lo niega nadie. Hace poco hice un cálculo con una empresa con la que colaboro y llegamos a una conclusión demoledora: en España hacen falta del orden de tres millones de viviendas para ponernos a la altura del parque de los países de nuestro entorno. La nueva Proyección de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, publicada hace un mes, prevé casi 2,2 millones de hogares más hasta 2041: unos 145.000 cada año. Y la realidad va todavía más deprisa que la proyección: según el Informe Anual 2025 del Banco de España, presentado también en junio, en 2025 se formaron unos 240.000 hogares nuevos y se terminaron apenas 92.000 viviendas. Ni la mitad de la mitad.

Y eso solo contando lo reciente: el mismo informe cifra el agujero acumulado desde 2021 en unas 750.000 viviendas, concentrado precisamente donde más duele: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga. Y añade el supervisor dos datos que retratan el drama: un joven necesita más de siete años de sueldo para comprarse un piso y más de la mitad de los menores de treinta vive de alquiler.

Pero la cuestión de fondo es más profunda, y tendría gracia si no fuese un drama: quienes han creado el problema, las administraciones, con el suelo finalista bloqueado, licencias que tardan años en concederse y un marco regulatorio que cambia cada seis meses y espanta a cualquiera que quiera invertir, tratan ahora de culpar del desastre a los propietarios. Es espeluznante y bochornoso a la vez. La vieja historia del enemigo común…

España es un país de propietarios. Los grandes tenedores y los fondos representan una parte mínima del parque total de vivienda, y eso lo saben perfectamente los politicastros de la izquierda. Por eso la maniobra es tan retorcida. Un problema generado por la incapacidad absoluta de la administración se aprovecha para señalar a un enemigo, el malvado propietario, el «especulador», y justificar así un ataque que, en realidad, va contra todos. Porque penalizar la propiedad no abarata la vivienda: la encarece, espanta la inversión y reduce la oferta justo cuando más falta hace.

Y que nadie piense que esto acaba en un insulto a un futbolista. Si estos siguen en el poder, lo siguiente serán las expropiaciones. No hará falta un Hugo Chávez gritando «¡exprópiese!» ante las cámaras: bastará con la versión fina y encubierta del mismo despojo, la que castiga a plazos. Recargos a las segundas residencias, impuestos confiscatorios al que alquila, topes que convierten la propiedad en una carga. Expropiar sin decreto, esquilmando poco a poco…

¿Y quién ha dicho que la vivienda sea un derecho fundamental? La vivienda no es, pese a lo que se repite constantemente, un derecho fundamental en el sentido jurídico del término. La Constitución no obliga al Estado a entregar una casa a cada ciudadano. El artículo 47 reconoce, sí, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero lo hace como principio rector de la política social y económica, no como un derecho subjetivo directamente exigible por sí solo ante los tribunales. El propio artículo 53.3 se encarga de aclararlo.

Eso no significa que sea una declaración vacía. El artículo 47 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Y tiene una segunda parte que a la izquierda le encanta citar, aunque normalmente a medias: encomienda a los poderes públicos regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Del suelo, señorías. La Constitución no les mandó perseguir a futbolistas por invertir su dinero; les mandó, entre otras cosas, regular el suelo para facilitar el acceso a la vivienda.

Mientras tanto, que nadie se distraiga: el problema no es cuántos pisos tenga Ferran Torres. El problema es que en este país la administración no deja construir los que faltan.