Cómo reconocer un Estado de derecho

Alfonso Santiago, ilustre jurista argentino, distingue a los Estados de derecho de los que no lo son por el cumplimiento de diez estándares. Esas exigencias las ha explicado al detalle en el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos dedicado a explorar los horizontes constitucionales de la región. Para Santiago, a partir de la Carta Democrática Interamericana suscrita en su día en el seno de la OEA, es posible fijar un prontuario que permita descubrir cuándo nos encontramos, o no, ante un Estado de Derecho. Aunque sus conclusiones se proyecten sobre la específica realidad americana, permiten ser trasladadas al resto de la humanidad, como se habrá de ver.

El primer elemento que destaca es el respeto a un orden constitucional que consolide la democracia y garantice su continuidad e institucionalidad, reservando para sí el monopolio del uso de la fuerza y evitando que la ejerzan grupos o contrapoderes asentados dentro de un país. El segundo, el cumplimiento efectivo de un ordenamiento que sea claro, coherente, estable y razonable, como al que aspiraba Lon Fuller. En tercer lugar, el profesor Santiago sitúa la elección de cargos a través de comicios libres y transparentes, con reglas electorales íntegras que faciliten la participación ciudadana, en las que se vigile la financiación de los partidos y su funcionamiento democrático interno.

El cuarto estándar vendría dado por la limitación a la reelección de cargos políticos más allá de dos períodos consecutivos, para permitir una alternancia que impida el control permanente del mando y el nepotismo. La clásica separación de poderes alumbrada por Platón y Aristóteles y formulada luego por Locke o Montesquieu, sería el quinto referente, incluyendo el juego de contrapesos que dificulte la usurpación de facultades legislativas o judiciales por los ejecutivos, como sucede con la «decretomanía» o abuso de normas de urgencia o necesidad para sortear el proceso legislativo, así como con el desenfrenado activismo judicial que tiende a invadir ámbitos de gobierno o parlamentarios.

Precisamente una independencia judicial real es el sexto canon identificativo de un Estado de Derecho, para el académico porteño. Aquí contempla criterios que lo aseguren en la selección de jueces, en su evaluación y régimen disciplinario, descartando cualquier fórmula que los elija a través del voto popular, por la radical parcialidad que supone.

El séptimo patrón responde a la necesidad de una mínima ética, transparencia y supervisión en el sector público, que vacune frente a esas frecuentes corrupciones que minan la confianza en el sistema democrático. El octavo es un funcionariado profesional y que rinda cuentas de su quehacer, implementando carreras administrativas que despejen dudas sobre el acceso a esos empleos y su promoción.

El penúltimo estándar lo localiza Santiago en la libertad de expresión y la existencia de medios de comunicación libres e independientes. Esta piedra angular de todo sistema constitucional debiera, sin embargo, liberarse del dominio exclusivo o excluyente tanto de las terminales mediáticas del poder como de grupos privados que lo acaparen, a fin de promover el pluralismo informativo de la sociedad.

El reconocimiento amplio de los derechos humanos y su tutela efectiva corona esta interesante relación de principios básicos de cualquier Estado de Derecho. Sostiene el constitucionalista bonaerense que este componente suele estar a menudo amenazado por lo que denomina «inflación de derechos humanos», cuando se consideran como tales exigencias, caprichos o deseos que poco o nada tienen que ver con el estricto catálogo de derechos fundamentales.

Como se puede advertir, este magistral decálogo «santiagués» es trasladable sin excepciones al resto del planeta. Y confirma, una vez más, que la globalización se extiende a bastantes más asuntos que los económicos. Con todo, el propio Alfonso Santiago subraya que la calidad institucional, el crecimiento sostenido o el desarrollo humano no se logran solo a partir de textos legales, pero desde luego que son el mejor camino para conseguirlo. Ya dijo Mandela que la democracia sin mejora efectiva de las condiciones de vida de sus ciudadanos era una cáscara vacía. Pero, sin estos diez ingredientes básicos, se convierte en un auténtico desiderátum la más elemental intención de implantar o reforzar regímenes donde la libertad y el bienestar social reinen, como se comprueba a diario en los rincones más dispares de la tierra.