Droga en la costa andaluza, mucho más que un problema policial

Hay noches en el Estrecho en las que el mar parece una autopista sin ley. Luego, de madrugada, las playas andaluzas aparecen marcadas por huellas profundas de neumáticos, bidones de gasolina abandonados, fardos apresuradamente descargados y silencios. Muchos silencios.

España ha terminado acostumbrándose a convivir con una realidad monstruosa como si fuera un fenómeno meteorológico inevitable. Pero no lo es. El corredor andaluz de la droga no constituye un simple problema policial. Es otra cosa: una fractura estratégica del Estado. Y quizá la más grave porque se desarrolla a plena vista mientras el poder político finge que administra una contingencia ordinaria.

Las cifras ya no hablan de delincuencia marginal. Hablan de una economía criminal de escala industrial. Solo en 2024 el llamado Plan Especial del Campo de Gibraltar registró 12.068 operaciones: casi 33 actuaciones al día. Se intervinieron 264.572 kilos de droga, 299 medios marítimos, 651 armas de fuego y más de 437.000 litros de combustible. Desde 2018, las cifras acumuladas alcanzan casi 2,2 millones de kilos de droga decomisada y más de 2 millones de litros de gasolina confiscados. Las 5.911 detenciones de 2024 y los 31.335 sospechosos detenidos o investigados desde 2018 no describen solo a miles de actores identificados por las fuerzas de seguridad, sino a un verdadero ejército.

Pero la cifra verdaderamente decisiva es otra: unas 600 narcolanchas operando en aquellas aguas, según el Departamento de Seguridad Nacional apoyándose en el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima. Seiscientas. Basta detenerse un instante en el número para comprender que estamos ante algo incompatible con cualquier noción normal de soberanía estatal. Ningún tráfico marítimo clandestino de esa magnitud puede sostenerse durante años sin protección política, tolerancia administrativa y cooperación territorial.

Y aquí aparece el gran tabú español: Marruecos.

La inmensa mayoría del hachís que entra en Europa procede de Marruecos y utiliza España como puerta de acceso. Así lo señalan la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas y Naciones Unidas. No se trata de pequeñas redes artesanales escondidas entre pescadores pobres sino de una logística permanente a escala industrial.

La idea de que centenares de narcolanchas cruzan regularmente uno de los espacios marítimos más vigilados del planeta sin algún grado de consentimiento estructural por parte de la Administración marroquí pertenece al terreno de la ficción infantil. Más aún cuando las mismas rutas sirven también para el tráfico de inmigración ilegal y cada vez más para la introducción de cocaína destinada a toda Europa. Europol ha documentado precisamente esa convergencia entre narcotráfico y tráfico de personas.

Pero si la complicidad marroquí resulta difícil de ocultar, todavía más inquietante es la conducta española.

Porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado un silencio político absoluto sobre el origen político del problema. Nunca se plantea públicamente la responsabilidad marroquí. El Estado español parece actuar como una administración subalterna, que administra daños inevitables en vez de defender sus fronteras.

Y esa actitud tiene un correlato político evidente: el vuelco histórico sobre el Sáhara Occidental.

España mantuvo durante décadas –con matices y ambigüedades– una posición compatible con el derecho de autodeterminación saharaui. Era además una obligación moral derivada de su condición de antigua potencia administradora. De pronto, Sánchez ejecutó un giro radical y asumió como propia la tesis marroquí sobre el Sáhara, sin debate nacional, sin consenso parlamentario y prácticamente sin explicación pública suficiente.

La pregunta inevitable es si ambas cuestiones pueden separarse realmente.

Y mientras tanto Europa mira hacia otro lado.

La Comisión Europea sabe perfectamente que Andalucía es la principal puerta de entrada del hachís marroquí hacia el continente y un corredor creciente de cocaína hacia Francia, Bélgica o los Países Bajos. Pero Bruselas calla porque el primer afectado calla más todavía. Resulta políticamente imposible construir una presión europea seria sobre Marruecos cuando el propio Gobierno español evita cuidadosamente cualquier confrontación.

Sin embargo, la experiencia europea demuestra hasta qué punto esta pasividad puede terminar siendo letal.

Durante años, Países Bajos creyó que podía convivir cómodamente con grandes redes criminales vinculadas a la droga. Hoy el país sufre asesinatos de periodistas, jueces amenazados y una infiltración mafiosa que erosiona seriamente instituciones y tejido social. Suecia, considerada durante décadas paradigma de orden cívico, vive una explosión de violencia armada ligada a redes criminales y narcotráfico que ha alterado completamente su paisaje urbano y político.

La droga, cuando alcanza determinadas dimensiones, deja de ser un delito para convertirse en un poder alternativo.

Y Andalucía ha llegado a ese umbral.

Porque detrás de cada narcolancha existe una economía paralela. Hay miles de personas implicadas: tripulaciones, vigilantes, almacenistas, suministradores de combustible, transportistas, blanqueadores, intermediarios financieros y también facilitadores institucionales. El dinero penetra lentamente en barrios enteros, en empresas legales, en puertos, en administraciones locales y finalmente en la propia estructura estatal.

Ese es el verdadero peligro. No que entren toneladas de droga. Sino que un Estado democrático termine acostumbrándose a convivir con poderes criminales porque es incapaz de enfrentarse al origen político del problema.