La política de Defensa debe volver a ser una política de Estado

España es un país sin Presupuestos Generales del Estado. En la presente legislatura, que comenzó hace tres años, el Gobierno no ha presentado ni un solo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales a las Cortes para su debate, enmienda y eventual aprobación o rechazo.

Este hecho, aparte de constituir una evidente vulneración de la Constitución y un atentado al más elemental sentido democrático, priva a la oposición de la eventual posibilidad de pronunciarse sobre lo que debería ser contemplado como una política de Estado y no lo es porque el Gobierno se empeña en que no lo sea. También le priva al Gobierno de la posibilidad de conocer el punto de vista de la oposición que, al fin y al cabo, representa, en el momento actual, a más de la mitad de la población española, a la que el Gobierno denomina como mayoría social de este país y de cuya representación, sin fundamento alguno, se arroga su titularidad.

La última vez que se presentaron a debate unos Presupuestos Generales del Estado, en el año 2022, en la pasada legislatura, el Partido Popular, en la oposición, votó a favor de la Sección 14, la de Defensa, para mostrar su conformidad con el necesario incremento en la inversión en Defensa con respecto al ejercicio anterior. De hecho, fue la única sección del Presupuesto a la que votó a favor.

No obstante, el Grupo Parlamentario Popular manifestó la conveniencia de equilibrar el Presupuesto de Defensa porque, en aquella ocasión, para un 26 % de incremento del conjunto, la partida asignada a los Programas Especiales de Modernización aumentaba el 73 %, lo que, por la lógica de la matemática, redundaba negativamente en el resto del presupuesto, afectando fundamentalmente a lo asignado para recursos humanos, sostenimiento de material e infraestructura.

Desde entonces, aplicación pura y dura del principio del presidente Sánchez de gobernar con o sin el Parlamento, la mayor parte de las veces sin, cuando no en contra. Aunque el Gobierno lo niega, eso representa una actitud autocrática.

En junio del pasado año, en la cumbre de la OTAN de La Haya, los aliados acordaron incrementar sensiblemente la inversión en defensa en el horizonte temporal del año 2035 y una revisión intermedia en 2029.

El incremento se cuantificó en alcanzar el 5 % del Producto Interior Bruto de cada país, distribuido en un 3,5 % en capacidades propiamente defensivas, entendiendo por tales, las materializadas en sistemas de armas, y el 1,5 % restante en capacidades complementarias, entendiendo como tales las relacionadas con la infraestructura, la ciberseguridad o las denominadas de uso dual.

El fin de semana anterior a la cumbre, el presidente del Gobierno escribió una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, solicitándole que para España se aplicase una regla de excepción, conformándose con un crecimiento de hasta el 2,1 % de nuestro Producto Interior Bruto, a lo que el secretario general le replicó, igualmente por carta, que, para comenzar, le parecía bien, pero le emplazaba a la revisión programada para el 2029, en la que el Secretario General manifestaba su convencimiento de que España asumiría la necesidad de ir más allá del 2,1 %.

Tras acordar, en el Consejo Atlántico, de manera unánime, ya que sin dicha unanimidad el acuerdo no se habría alcanzado, el objetivo citado del 5 %, en rueda de prensa posterior, el presidente del Gobierno manifestó que España, con el 2,1 %, daba por cumplido su compromiso con la Alianza Atlántica, con el consiguiente estupor y disgusto del resto de los aliados. Todo ello, sin someter a la consideración de las Cortes Generales estas trascendentales decisiones, asumidas de forma unilateral y casi unipersonal por el Presidente del Gobierno. Ya se sabe, con o sin el poder legislativo. En esta ocasión, claramente sin él.

Previamente a la cumbre de la OTAN, en el mes de abril anterior, el presidente del Gobierno había presentado su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa para el año 2025, cifrándolo en 10.471,14 millones de euros, obtenidos, según el plan, «de los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía y de créditos del Plan de Recuperación». No manifestaba de dónde procedería en los años sucesivos ese incremento presupuestario.

Con posterioridad a este plan y a la cumbre de la OTAN y en ausencia de presentación de Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo, en el mes de octubre, el Gobierno presentó tres reales decretos sucesivamente, el 913, el 914 y el 915 en los que se concedían préstamos a diversas empresas del sector de la industria de defensa, aunque muy mayoritariamente a Indra y a la UTE Indra-Escribano, por un valor próximo a los 7.000 millones de euros.

Más tarde, en el mes de noviembre y mediante dos acuerdos de Consejo de Ministros, los días 18 y 25, el Gobierno anunció la disponibilidad para asumir contratos por valor de 14.000 millones de euros. Estos contratos, presumiblemente, se licitaron y formalizaron en el escaso mes restante del año, el mes de diciembre, lo cual permite sospechar que el proceso de concurso hubo de ser necesariamente vertiginoso.

El 10 de marzo, ya de este año, nuevamente mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se decidió aportar la cantidad adicional de 1.339.500.000 euros para acometer «necesidades ineludibles» del Ministerio de Defensa, sin que se especificara suficientemente en qué consistían esas presuntas necesidades ineludibles.

Todo lo anterior evidencia una falta de transparencia y un grado de improvisación y precipitación extremadamente significativos, así como una sorprendente discrecionalidad y concentración en la asignación de multimillonarias cantidades económicas en un reducido número de empresas, algunas de las cuales, actualmente, además, atraviesan dificultades de delimitación de su gobernanza y de coexistencia dentro de una Unión Temporal de Empresas. Esta falta de transparencia y esta improvisación tan llamativas no son compatibles con una Política de Estado, cuando uno, realmente, la concibe como tal.

Por la salud democrática de nuestra nación, la política de Defensa debe volver a ser una política de Estado.