Los incompetentes

Comienzo afirmando que nunca habría aceptado un cargo para el que no me creyera preparado. Lo digo con la serenidad que dan los años y la humildad de quien ha visto demasiados errores nacer de la soberbia. En la vida pública española –y acaso también en la privada– se ha extendido una peligrosa costumbre: aceptar responsabilidades sin estar a la altura de ellas. Quien debería sentir respeto ante la magnitud de una función la asume con sonrisa y ligereza, como si gobernar, administrar justicia o dirigir una institución fueran ejercicios de improvisación.

Esa frivolidad es la raíz de muchos males contemporáneos. La incompetencia se disfraza de audacia, la ignorancia de frescura, la temeridad de modernidad. Se confunde el atrevimiento con el talento, la visibilidad con la autoridad y la fidelidad de partido con la capacidad profesional. Incluso, lo zafio como arte. El resultado es una clase dirigente que no dirige, sino que ocupa; que no sirve, sino que se sirve.

Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, ya lo advirtió: «El hombre-masa se siente satisfecho de ser como es, y no se avergüenza de su vulgaridad». Ese hombre-masa que entonces amenazaba la cultura se ha instalado hoy en la administración y en la política. Ha descubierto que la ambición no requiere preparación, solo obediencia; que el cargo no es una carga, sino un premio. Así, desde la cúspide del poder hasta las oficinas más modestas, el mérito ha sido sustituido por la lealtad servil, y el saber por la conveniencia.

En la función pública –donde antaño regían la prudencia, el mérito y la discreción– es ya habitual encontrar a quien desconoce el ámbito sobre el que decide. Se nombran responsables de áreas técnicas sin experiencia técnica, portavoces sin discurso, gestores sin criterio. La política se ha convertido en una cadena de nombramientos que premian la docilidad antes que la competencia. El mérito, palabra noble donde las haya, ha sido desplazado por la afinidad orgánica que no es otra cosa que sumisión.

No es una percepción subjetiva. Hace poco, el Tribunal de Cuentas declaró sin ambages que muchos cargos directivos de la SEPI, –entre ellos de Paradores Nacionales o Loterías del Estado– no eran personas idóneas para ejercer las responsabilidades que se les habían encomendado. Ello demuestra una vez más, que el empleo público se utiliza como recompensa para los acólitos.

Hubo un tiempo en que el servicio al Estado se entendía como una forma de honor. Quien lo aceptaba lo hacía consciente de su deber y de sus límites. Hoy en cambio, se busca el cargo como quien busca un título decorativo o un refugio económico. El respeto por la función se ha evaporado. Nadie duda, nadie se ruboriza, nadie teme fallar. Y sin embargo, no hay signo mayor de inteligencia que saber cuándo uno no está preparado. Unamuno lo expresó con su llaneza inmortal: «La verdadera sabiduría consiste en saberse limitado». Pero vivimos en la era de los ilimitados, de los que opinan sin saber, legislan sin estudiar y administran sin haber administrado jamás.

El político moderno confunde la popularidad con la competencia y cree que la oratoria suple al conocimiento. No imagina que el poder sin saber es la forma más peligrosa de ignorancia, porque no se corrige con el tiempo: se perpetúa con la costumbre. La incompetencia cuando se hace hábito, destruye la autoridad moral de las instituciones. Los ciudadanos al ver que los cargos se otorgan por afinidad y no por mérito, concluyen que todo el sistema es una farsa. Y quizá tengan razón.

Vázquez de Mella que veía en la política una forma de responsabilidad moral, dijo en el Congreso una frase que debería grabarse en el frontispicio de cada ministerio: «El que acepta un deber sin tener la capacidad de cumplirlo, comete un fraude». Y añadía en otro discurso: «Las instituciones no se salvan por las leyes, sino por las virtudes». Fraude es aceptar un ministerio sin conocer la materia; fraude es dirigir una institución sin experiencia; fraude es legislar sobre lo que se ignora. Pero el fraude más grave es el que se comete contra la nación: ocupar su tiempo, sus recursos y su esperanza.

El ciudadano contempla, entre atónito y resignado, cómo se reparten cargos con la ligereza de quien reparte favores. Ya no se exige conocimiento, sino obediencia; no se pide excelencia, sino militancia. Se asciende por servir al jefe de turno. Así se destruye el mérito y con él la espina dorsal del servicio público. España padece una inflación de incompetencia: cada gobierno llega prometiendo regeneración y cada administración termina repitiendo los mismos errores con distinto acento.

El resultado es un país gobernado por aprendices, asesorado por propagandistas y dirigido por personas que confunden la urgencia con la importancia. En una democracia sana, el poder debería ser la culminación del saber; en la nuestra, se ha convertido en su sustituto. El que sabe estorba; el que calla asciende. Bastaría recuperar algo tan elemental como el respeto por la función. Aceptar un cargo debería ser un acto de conciencia, no un logro de ambición.

No padecemos solo una crisis de competencia: padecemos una crisis de carácter. La soberbia del incompetente –esa mezcla de audacia y desconocimiento– es hoy una amenaza mayor que la corrupción. Porque el corrupto roba dinero; el incompetente roba futuro. España no necesita más audaces, sino más preparados. Y en los días en que la ignorancia se disfraza de arrojo, la verdadera valentía consiste sencillamente en saber decir, «no».

Íñigo Castellano y Barón es conde de Fuenclara