Tres años sin Presupuestos
La falta reiterada de presupuestos es una desviación muy seria en el funcionamiento de la democracia española en 2026. Que se acepte, es preocupante. Los presupuestos son uno de los pilares que legitiman que un Ejecutivo pueda gobernar
En diciembre de 2022 se aprobaron los Presupuestos anuales que actualmente, en 2026, están en vigor. No se han aprobado más desde hace tres años. España es el único país de la Unión Europea que mantiene presupuestos obsoletos. Algunos, como Francia, Alemania y Bélgica, aprobaron con meses de retraso, sus presupuestos del 2025, prorrogando durante ese periodo los del 2024. En Francia, provocando la dimisión de varios gobiernos. Pero, nosotros estemos todos tranquilos, normalidad nos dicen.
Una sociedad necesita del buen gobierno. Esto significa, en gran medida, conocer y acordar sus ingresos y gastos; lo que al ciudadano se le va a exigir y cómo se va a utilizar. Estos, que llamamos Presupuestos Generales del Estado, son imprescindibles para un gobierno que funcione bien. Sin ellos, el primer paso de su ejercicio como ejecutivo no está dado. Sin presupuestos aprobados un gobierno debe dimitir.
En primer lugar, el parlamento ha tenido una de sus fundamentales razones de ser, en la aprobación de impuestos para cubrir los gastos en los que se embarcaba el reino. Desde el inicio del parlamentarismo, las Cortes de León de 1188, en sus Decreta, ya establecen las garantías necesarias para la fijación de los impuestos. A lo largo del tiempo, las cortes y parlamentos, de forma continua y permanente, mantienen la misión de fiscalizar los impuestos o ingresos del reino y la adecuación de los gastos que los requieren. Es decir, la historia nos señala, cómo las sociedades y los ciudadanos buscan conocer qué se les exige y para qué, suponiendo en muchos casos desacuerdos y enfrentamientos, dada su importancia y consecuencias. Siempre se ha apreciado al buen administrador, y para evitar el daño que producen los malos administradores se les ha pedido rendir cuentas o por lo menos validar los criterios que usarán en su gestión. El presupuesto anual, que es donde se recoge hoy esta inquietud y necesidad, lleva consigo un escrutinio necesario y sano para el buen orden social. Por ello, es imprescindible aprobar regularmente unos presupuestos y controlar así a los gobiernos.
En segundo lugar, existe en España, como en otros países, una obligación de tener unos Presupuestos Generales del Estado aprobados. La Constitución recoge esa obligación. Deben ser presentados antes del 1 de octubre del año anterior. No deja de ser más que sentido común que un gobierno, con tiempo, presente su propuesta para que se puedan sopesar y aprobar antes de que empiece el ejercicio. Es una anormalidad jurídica y política no tener los presupuestos validados antes de finalizar el año precedente. Que la Constitución recoja la prórroga automática no deja de ser una previsión para que, aún iniciado el año y de forma extraordinaria, se apruebe el presupuesto. No es un comodín para no presentar, ni aprobar los presupuestos legalmente exigidos. Es una anomalía política grave prorrogar presupuestos de varios ejercicios anteriores.
En tercer lugar, la economía de un país necesita conocer cuáles serán los ingresos y gastos previstos. Por un lado, da una necesaria imagen exterior de país serio; por otro, supone controlar el exceso de gasto o el desvío del mismo. No ya las empresas, grandes o pequeñas, también cualquier familia, en función de sus ingresos y gastos previstos, modula, en la medida de lo posible los mismos, y lo intenta hacer con antelación. El presupuesto supone la correa adecuada de transmisión financiera de las políticas de un gobierno. El peso del presupuesto público en la economía nacional es tan elevado que repercute fuertemente de forma directa en todos los actores económicos, y en todos los ciudadanos. El gasto público desmedido ha convertido a los estados en hiedras insaciables que tienden a justificarse a sí mismas, lo que eleva la importancia de su restricción. Sin presupuesto, el funcionamiento gubernamental no puede ser el correcto y repercute negativamente en todos. Y, lo que es peor, hace desvanecer su control y transparencia, facilitando prácticas no deseables.
¿Podría existir una justificación a la no presentación de presupuestos? Una justificación sería que los nacionalistas no se llevarían su botín en la habitual subasta de exigencias en la negociación de presupuestos; y, otra, preguntarse para qué dimitir si la situación volverá a repetirse después de las elecciones, generando aún más inestabilidad. Es cierto, que el imperfecto mecanismo de aprobación de los presupuestos otorga una enorme ventaja a las minorías nacionalistas. Esto ha sido estudiado por foros de prestigio y existen propuestas técnicas que pueden reconducirlo en adelante. Sin embargo, las dos justificaciones no dejan de ser una excusa para no cumplir la Ley. Que los fines señalados nos pudieran parecer buenos, no implica que el medio, en este caso el incumplimiento de una obligación legal, sea admisible. Si aceptamos, que el Gobierno pueda saltarse una obligación, porque lo considere mejor, dónde queda el control de lo que puede hacer. ¿Y quién es un gobierno para decidir sobre la bondad o no de la necesidad de aprobar unos presupuestos?
La falta reiterada de presupuestos es una desviación muy seria en el funcionamiento de la democracia española en 2026. Que se acepte, es preocupante. Los presupuestos son uno de los pilares que legitiman que un Ejecutivo pueda gobernar. Carecer de presupuestos, desde diciembre 2022, y mantenerse en el gobierno es una negligencia grave; además, una falta de compromiso mínimo con el ciudadano español, que no lo debería permitir.
