El ridículo de Sánchez
La mala gestión de la crisis de Ceuta indignó a la gran mayoría de ciudadanos, generó descontento en su propio partido y ha sido un factor desencadenante en la convocatoria de elecciones. Sánchez no atendió a la defensa del territorio y mostró falta de empatía hacia los ceutíes
Una estrepitosa cadena de errores pone en evidencia la ineptitud de Sánchez. Antes de la invasión, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que no podía rechazarse a las personas que llegaban a nado a Ceuta, porque no había signos de demarcación en el mar. Pero la sentencia añadía que, si se establecían elementos de contención en el mar, entonces era de aplicación la devolución en caliente a quienes pretendían entrar de forma irregular. Inmediatamente, el gobierno debería haber instalado barreras físicas en el mar, pero no hizo nada. También debería haber reforzado la separación terrestre en ese lugar sensible y asignado más fuerzas de seguridad a la zona.
En los días previos a la invasión, diversos informes alertaron de un gran movimiento de personas, y tampoco se hizo nada. Por tanto, el primer error del gobierno fue no tomar las medidas preventivas necesarias. Ahora la Audiencia Nacional está investigando la entrada masiva irregular en Ceuta del día 30 de julio ante posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, así como delitos contra la vida y la libertad, para establecer su autoría.
Segundo, la devolución en caliente puede darse en Ceuta y Melilla si se cruza la frontera terrestre de manera irregular. Según nuestras leyes, las personas que lo intentan son asaltantes que deben ser devueltos, y no pueden ser considerados migrantes. El día 30 de julio los puestos fronterizos no pudieron ejercitar ese rechazo en la frontera debido a la magnitud de la avalancha, pero eso no cambia la calificación jurídica de los intrusos. Los recién llegados eran asaltantes y no migrantes.
Sin embargo, Pedro Sánchez hizo una declaración contradictora el día 31 de julio –antes de irse de vacaciones. Por un lado, dijo que lo que había ocurrido era «un ataque, una violación de la integridad territorial de España». Pero, por otro, prometió agilizar los expedientes de los «migrantes» que habían entrado de manera irregular. Al calificarlos como migrantes, Sánchez estaba premiando a los asaltantes. La devolución de migrantes necesita un procedimiento, mientras que la invasión requería el retorno inmediato de los asaltantes.
Los expedientes de devolución son lentos y dan lugar a abusos. A principios de octubre se habían tramitado 3.366, y más de un 70% habían pedido protección internacional. Al mismo tiempo, 453 asaltantes habían sido expulsados por su participación en delitos. Un número muy alto desde luego, pero cabe preguntarse si, al cruzar la frontera de modo intempestivo, todos los asaltantes habían incurrido en desobediencia o resistencia a la autoridad, delitos tipificados en el Código Penal, y si habían infringido normas administrativas de ocupación del espacio público.
En tercer lugar, Sánchez hizo también el ridículo al no reclamar en ningún momento la responsabilidad internacional de Marruecos. Según el Derecho Internacional un Estado debe resarcir por los daños causados a través de la frontera. Existen evidencias suficientes de la participación de autoridades marroquíes en el asalto, por acción u omisión, utilizando sin ningún reparo a decenas de miles de civiles, con resultado de muerte en algunos casos. El propio Sánchez explicó en el Congreso el 2 de septiembre que los guardias fronterizos marroquíes permitieron durante horas el paso de la avalancha sin hacer nada. Igualmente, en una entrevista con la CNN en Nueva York, afirmó que el control fronterizo marroquí falló. Si el 30 de julio se produjo «una violación de la integridad territorial» (Sánchez dixit) con la participación de poderes públicos al otro lado de la frontera, cualquier gobierno que sufre las consecuencias debe reclamar. En cambio, Pedro Sánchez guardó silencio y nunca exigió responsabilidad, ni una vuelta a la situación anterior, ni una reparación por los daños causados.
Otra de las razones por las que Sánchez y su gobierno hicieron el ridículo es la nula empatía que mostraron hacia los ciudadanos de Ceuta, al tiempo que manifestaban un interés especial por los asaltantes. El lenguaje oficial se pervirtió porque «devolver la normalidad» a Ceuta significaba trasladar a los ocupantes a unas instalaciones públicas, sin resolver ni la situación en la ciudad autónoma ni el problema de fondo.
En lugar de solidarizarse con los ciudadanos ceutíes en un momento tan difícil (como hizo la inmensa mayoría de los españoles), el gobierno se dedicó a insultarlos. Aquí la desfachatez llegó a límites insoportables, como cuando el ministro Marlaska afirmó que el sentimiento de inseguridad en Ceuta era «subjetivo», o cuando Moncloa atacó al presidente Juan Jesús Rivas, un político razonable y moderado, entregado a su pueblo, acusándole de mentir o exagerar. En cualquier país europeo, la ausencia de empatía del gobierno hacia sus conciudadanos en una situación difícil, junto con la tolerancia ante la violación de una frontera y la atención a sus asaltantes serían impensables.
Por último, Sánchez y Marlaska han hecho un ridículo espantoso ante nuestros socios europeos. El 16 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre las amenazas exteriores, con un 57% de votos afirmativos (y los votos en contra del PSOE). La resolución empleó un lenguaje muy claro sobre Ceuta, con una calificación precisa de los hechos, que supuso un fuerte tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez: «El Parlamento Europeo condena enérgicamente el ataque a la frontera meridional de la Unión en la ciudad de Ceuta, perpetrado los días 30 y 31 de julio de 2026, así como la posterior invasión de la ciudad, que constituye un ataque a la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro; lamenta el uso de los flujos migratorios irregulares como instrumento de guerra híbrida dirigido contra la estabilidad y la seguridad de un Estado miembro, por lo que pide una investigación independiente y exhaustiva para aclarar la responsabilidad de la planificación y la ejecución de los ataques y determinar los objetivos perseguidos». Donde Sánchez se inhibió, el Parlamento Europeo habla de investigar la posible responsabilidad de Marruecos, un país socio y amigo que debe respetar las normas igual que todos los demás.
El súmmum del ridículo europeo ocurrió cuando, a principios de octubre, el ministro Marlaska se quedó solo frente a los demás ministros de la UE. España fue el único país de la Unión que votó en contra del nuevo Reglamento de Retorno, una norma diseñada para acelerar las expulsiones de inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario, cuyo texto había sido aprobado en junio por el Parlamento Europeo por amplia mayoría, también con la oposición del PSOE. Es difícil de entender el voto negativo en solitario de Marlaska cuando Ceuta seguía ocupada y era preciso acelerar la salida de los asaltantes. La excusa que alegó fue que tenía «serias dudas jurídicas y políticas» sobre la creación de centros de retorno en terceros países. Es decir, Marlaska iba a defender los derechos de aquellos extranjeros que tienen prohibido permanecer en el territorio de la Unión, frente a países como Alemania, Francia, Italia, Finlandia o Suecia, que al parecer no conocen esos derechos.
La gran mayoría de los españoles manifestó solidaridad con Ceuta y en las encuestas valoró como nefasta la gestión de la crisis. Desde el principio, Sánchez hizo un análisis equivocado de la situación y mostró falta de empatía hacia los ceutíes, mientras se preocupaba por los asaltantes. También ignoró el papel de Marruecos en la invasión, que tanto la Audiencia Nacional como el Parlamento Europeo están investigando. En la crisis de Ceuta, Sánchez ha mostrado sus debilidades haciendo el ridículo.
