El buen gobernante

Un gobernante puede poner en peligro la democracia: transformarla en tiranía y vaciar de sentido el mandato de las urnas. Alexis de Tocqueville lo intuyó hace casi dos siglos.

El joven magistrado francés viajó a las antiguas colonias británicas en 1831 con el propósito de estudiar las prisiones norteamericanas. En su viaje de vuelta nos trajo un premonitorio y ambicioso trabajo: La democracia en América (1835-1840). Tocqueville descubrió sombras en la joven democracia americana que siguen vigentes: la tiranía puede ejercerse desde un gobierno nacido de las urnas. Y puede, incluso, convertirse en su forma más difícil de combatir, porque se ejerce en nombre del pueblo. De la «gente».

El elegido no debe gobernar como si solo existieran quienes lo votaron, pero tampoco desoír el mandato recibido para contentar a quienes no lo hicieron. Tocqueville describió tres formas de romper ese equilibrio.

La primera es la tiranía de la mayoría. Si la mayoría tiene siempre razón ¿ante quién reclama la minoría agraviada? La omnipotencia siempre es mala, al margen de quien la ejerza, monarca o pueblo. Eso sería especialmente el caso cuando se controla no solo el Legislativo sino también la Judicatura.

La segunda no necesita leyes. En América, observó Tocqueville, la mayoría no precisaba cárceles para imponerse: le bastaba el aislamiento social del disidente. Es lo que ahora se llama la «cancelación».

La tercera es la más sutil. Viene de un poder inmenso y tutelar que no tiraniza, sino que cuida: se ocupa de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, a condición de ser el único agente de su felicidad. Los ciudadanos lo aceptan porque, de vez en cuando, eligen a sus tutores.

De esta manera, la democracia puede conservar todas sus formas mientras pierde su sustancia: la libertad.

Pero lo que Tocqueville temía, a una mayoría compacta y homogénea, hoy manifiesta un riesgo, si cabe, más paradójico: un gobernante que ejerce el poder de una mayoría sin tenerla.

En los actuales sistemas parlamentarios gobernar exige sumar. Un partido con un tercio de los votos puede alcanzar el poder si reúne a varias formaciones pequeñas, cada una con su agenda. Es legítimo. El problema empieza cuando esa suma es consecuencia del mercadeo. El apoyo de las minorías a cambio de concesiones a su electorado termina en un gobernante que no vertebra un proyecto común, sino una red de intereses particulares con un único hilo conductor: que él siga gobernando para obtener sucesivas concesiones.

Y la distorsión aquí es doble. Esas minorías no necesitan convencer al resto del país: solo le interpela el gobernante. La mayoría que no está representada en las decisiones queda tratada como un adversario. Queda, como gráficamente se ha dicho, al otro lado del muro. El resultado de todo ello es una mayoría aritmética, no moral, que no responde una voluntad general. Ni siquiera la del propio electorado del gobernante.

Este, en su particular lógica de legitimación, asume su investidura como un mandato ilimitado, presentando cualquier restricción como un ataque a la voluntad del pueblo. Las concesiones dejan de ser políticas públicas debatidas para convertirse en moneda de cambio: lo que es de todos se reparte para asegurar la supervivencia de uno. Los contrapesos se colonizan o se deslegitiman: jueces, periodistas, órganos de control y agencias independientes.

El decreto es la nueva ley. No hay deliberación. El parlamento se limita a convalidar. Y para cohesionar a socios tan heterogéneos hace falta un enemigo común: la otra mitad del país deja de ser oposición legítima y pasa a ser una amenaza. No se prohíbe disentir, pero disentir entraña un riesgo. Es el aislamiento que vio Tocqueville. Al resto se le ofrece tutela, subsidios que crea dependencia: es el que llama «despotismo blando».

Las elecciones siguen celebrándose, sí. El gobernante puede decir sin mentir que nunca ha dejado de ser democrático, porque su tiranía no necesita abolir el voto. Cada paso, aislado, tiene una defensa razonable; por eso la sociedad tarda en ver el cuadro. Cuando llega a hacerlo, los instrumentos para corregirlo ya han sido ocupados y es difícil desandar.

Hay, con todo ello, un problema más grave que la concentración del poder: la desaparición de la responsabilidad. En una dictadura, la tiranía tiene nombre y cara. El dictador puede ser temido, pero no puede esconderse: cada decisión lleva su firma.

En una democracia deslegitimada ocurre lo contrario. Quien ejerce el poder puede ser tan arbitrario como un dictador, pero nunca aparece solo. Si algo sale mal, la culpa se reparte entre los socios, el parlamento o «el pueblo» que los eligió. Cuando todos son responsables, nadie lo es. La tiranía de la mayoría es en Tocqueville «anónima». Hannah Arendt, un siglo después lo llamó «el dominio de nadie»: el más tiránico de los poderes, porque no hay a quién pedir cuentas.

Esa es la paradoja final: el tirano democrático es más difícil de señalar que el dictador, no porque su poder sea menor, sino porque ha aprendido a esconderlo detrás de los votos de otros.

Tocqueville nos dejó una lección incómoda: la democracia no se defiende sola, porque su peor enemigo puede llevar su propio nombre. El buen gobernante es el que entiende que su legitimidad no viene solo de cómo llegó al poder, sino de cómo lo ejerce y de que esté dispuesto a perderlo.