Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo
Nuevo golpe a la Iglesia nicaragüense: Ortega confisca un colegio de las Josefinas y lo convierte en estatal
Según la copresidenta Rosario Murillo, en ese centro «se torturó y asesinó a compañeros» sandinistas durante las manifestaciones de 2018, aunque no presentó pruebas ni testimonios que respalden sus acusaciones
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sumado un nuevo capítulo a su larga lista de embestidas contra la Iglesia católica en Nicaragua. Esta vez, la copresidenta anunció la expropiación del colegio San José, en la ciudad de Jinotepe, administrado durante más de 40 años por la Congregación de Hermanas Josefinas. Según Murillo, en ese centro «se torturó y asesinó a compañeros» sandinistas durante las manifestaciones de 2018, aunque no presentó pruebas ni testimonios que respalden sus acusaciones.
«Tenemos nuevo centro educativo. Esto es un logro de la paz, de la paz que vivimos, que resguardamos, la paz que merecemos», declaró la esposa de Ortega a través de medios oficiales, celebrando la conversión del colegio en el centro educativo Bismarck Martínez, en honor a un militante sandinista al que Murillo definió como «símbolo de paz y victorias», tras ser supuestamente torturado en el colegio San José, donde, dijo, «operaban los golpistas» y de allí se «lo llevaron a asesinarlo en los predios aledaños».
Así, las autoridades inauguraron este lunes el centro al que la copresidenta tildó de «torturas y de crímenes, de odio, que se llamaba colegio San José, [y que] llevará el nombre, ya en manos del Estado nicaragüense, del héroe, del mártir, compañero Bismarck Martínez». Sin embargo, el anuncio provocó indignación entre quienes formaban parte del San José.
«Es lamentable este robo descarado del colegio donde estudiamos generaciones de profesionales y al que acusan de crímenes inventados, cuando lo único que hicieron las monjas fue atender heridos y dar refugio a la población frente a las balas y la terrible represión durante 2018», denunció una madre de familia en declaraciones al periódico nicaragüense Confidencial.
Una estrategia de hostigamiento sistemático
Este no es un hecho aislado. En los últimos meses, el régimen ha confiscado varias propiedades de la Iglesia, entre ellas el seminario San Luis Gonzaga y el centro de retiros espirituales La Cartuja. Todo en medio de la profunda fractura entre Managua y el Vaticano, marcada por la expulsión y encarcelamiento de obispos, la prohibición de procesiones y la disolución de comunidades religiosas.
En febrero de 2023, el obispo Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por «traición a la patria», antes de ser desterrado y desnacionalizado. El propio Papa Francisco calificó entonces al régimen de Ortega como una «dictadura grosera». La respuesta del mandatario no se hizo esperar: tachó al Vaticano de formar parte de «un conglomerado del fascismo» y, el pasado febrero, lo calificó además de «depravado» y «pedófilo». En 2023 también arremetió contra los jesuitas, confiscando sus bienes y expulsando a decenas de sacerdotes.
El hostigamiento ha alcanzado incluso a las órdenes religiosas con larga tradición en el país. Los carmelitas descalzos fueron desalojados forzosamente de su misión en Managua tras más de 50 años de servicio, bajo el pretexto de la falta de vocaciones. Sin embargo, diversas fuentes coincidieron en que se trató de una medida de presión política.
Una Iglesia acorralada
Organizaciones de derechos humanos, como Nicaragua Nunca Más, denunciaron que en el país «no existe parangón alguno que iguale los niveles de represión contra la Iglesia católica, así como contra los evangélicos y otras expresiones religiosas».
Además, desde el inicio de la crisis social y política en abril de 2018, al menos 245 religiosos han sido expulsados u obligados al exilio, según el estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, elaborado por la investigadora exiliada Martha Patricia Molina.
El nuevo centro educativo Bismarck Martínez acogerá a unos 600 alumnos y estará incluido en la política de educación gratuita del gobierno. Esta expropiación, que Murillo ha calificado como un «logro de paz», se suma a la lista de colegios y propiedades de órdenes religiosas y de la Iglesia católica que han sido confiscados por el Estado nicaragüense en los últimos años.
