Mons. Luis Argüello sobre el proceso de regularización extraordinaria personas migrantes
Argüello celebra la regularización de inmigrantes pero cuestiona el retraso del Gobierno en la firma del decreto
El presidente de la CEE ha destacado que este éxito refuerza la «salud democrática» aunque recuerda que la medida «podría haberse firmado hace meses»
La legalización masiva de personas migrantes que residen en España desde hace años ha sido recibida con satisfacción por la Conferencia Episcopal Española y por cerca de 900 entidades de la sociedad civil.
Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, ha subrayado que este proceso supone un «reconocimiento de la dignidad humana» y una oportunidad para que estos ciudadanos colaboren plenamente en el bien común. «Alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común, puedan, desde hoy, iniciar un proceso de regularización que dé pertenencia plena a nuestra sociedad», ha afirmado el prelado.
La regularización no ha sido un movimiento espontáneo del Ejecutivo, sino el fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que unió a cerca de 900 entidades civiles en 2024. Argüello ha destacado que este éxito refuerza la «salud democrática» del país, al demostrar la capacidad de las organizaciones sociales —incluidas Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES)— para confluir en una apuesta común.
No obstante, el prelado ha dejado una nota de realismo político sobre el momento del anuncio: «Ciertamente, este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la Iniciativa Legislativa Popular dijimos en su momento. Es ahora, quizás, porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca».
A pesar del avance, la Iglesia advierte que la firma del decreto no supone el fin de los desafíos migratorios. El presidente de los obispos ha señalado que el reto de la integración cultural y la necesidad de regular los flujos migratorios persisten. En este sentido, Argüello sostiene que la gestión eficaz de la inmigración «difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea».
Desde el Departamento de Migraciones de la CEE y otras entidades eclesiales, la medida se define como un «acto de justicia social» hacia quienes se topaban con el «muro de la falta de legalización». Con este paso, se busca dar solución a miles de personas a quienes la propia Administración había dejado en un limbo legal.