Radiografía de la Fraternidad de San Pío X: ¿en qué punto se encuentran hoy los lefebvristas?

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), el grupo fundado por el obispo francés Marcel Lefebvre en 1970, vuelve a situarse en el ojo del huracán tras anunciar para el próximo 1 de julio la ordenación unilateral de obispos. Este gesto, que coincide con el aniversario de la excomunión de su fundador en 1988, no solo se presenta como un desafío, sino el síntoma de una fractura que persiste tras décadas de intentos de reconciliación. Para entender su situación real– dentro de la dificultad de definirlo con precisión– es necesario realizar una «radiografía» de lo que representan y cómo se vinculan legalmente con la Iglesia católica.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) se define a sí misma como una sociedad de sacerdotes católicos cuya finalidad primordial es la «formación de buenos sacerdotes» según la tradición milenaria. Fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, la institución se erige, a ojos de sus seguidores, como un baluarte contra la «autodemolición de la Iglesia», término que evoca las advertencias de Pablo VI sobre la crisis posconciliar. Tras el Concilio Vaticano II, la Fraternidad cuestionó frontalmente postulados sobre el ecumenismo, la libertad religiosa y la colegialidad, los cuales consideran desviaciones doctrinales que ponen en riesgo la esencia misma de la fe.

Benedicto XVI marcó un punto de inflexión al intentar sanar la fractura mediante el levantamiento en 2009 de las excomuniones que pesaban sobre los cuatro obispos consagrados en 1988. Posteriormente, la Santa Sede exploró fórmulas de regularización canónica, entre ellas la posibilidad de una prelatura personal o de un ordinariato, en el marco de conversaciones doctrinales sobre la aceptación del Concilio Vaticano II.

Validez y licitud de los sacramentos

Con una presencia que alcanza a unos cien mil seguidores en 60 países —y cerca de mil fieles en España—, su estatus no es el de un cisma formal, sino el de una «irregularidad canónica». Según un análisis canónico divulgado hace unos años por el padre Javier Olivera Ravasi, para comprender este limbo es vital distinguir entre dos conceptos jurídicos fundamentales: la validez y la licitud de los sacramentos.

Un sacramento es válido cuando produce realmente sus efectos santificantes al respetar materia, forma, sujeto y ministro; por otra parte, es lícito cuando se realiza conforme a las leyes positivas de la Iglesia, es decir, normas establecidas por la autoridad eclesiástica competente (derecho humano/eclesiástico) o reveladas directamente por Dios (derecho divino positivo), escritas para ordenar la vida comunitaria y ayudar a los fieles a cumplir la ley natural. En el caso de los lefevristas, la mayoría de sus actos son válidos pero ilícitos, lo que compromete la moralidad de administrarlos y recibirlos, salvo excepciones marcadas por la propia Roma.

¿Irregularidad o ruptura?

El mapa sacramental de esta sociedad es, por tanto, un terreno de matices. En cuanto a la Confesión, desde el Año de la Misericordia en 2015, el Papa Francisco extendió un permiso para que los sacerdotes de la FSSPX absuelvan de forma válida y lícita.

Respecto al matrimonio, la Santa Sede autorizó en 2017 a los obispos diocesanos a conceder licencias para que estos sacerdotes bendigan matrimonios válidamente, siempre que se sigan ciertos protocolos de delegación. (Aunque la expresión coloquial es «un sacerdote casa», en realidad bendice el matrimonio, ya que el sacramento lo administran los propios contrayentes).

Sin embargo, la Eucaristía presenta una mayor ambigüedad: las misas son válidas (pues sus sacerdotes están realmente ordenados), pero no se consideran plenamente lícitas, entre otras cosas, porque carecen de incardinación formal en una diócesis. Aun así, los fieles cumplen con el precepto dominical asistiendo a ellas, siempre que no tengan intención de separarse del Papa.

El punto de máxima fricción se encuentra en el Sacramento del Orden. Si bien Roma ha reconocido históricamente la validez de sus ordenaciones sacerdotales —e incluso en años recientes permitió algunas bajo supervisión de obispos locales—, las consagraciones episcopales sin mandato pontificio son el límite rojo. La Fraternidad justifica estos actos bajo un supuesto «estado de necesidad» de la Iglesia, apelando a que la ley suprema es la salvación de las almas por encima de la norma canónica.

Este llamado a proceder sin mandato no es un mero detalle: el Código de Derecho Canónico establece que la consagración de un obispo sin la aprobación pontificia acarrea automáticamente la excomunión (latae sententiae) tanto del consagrante como del consagrado. Dicha norma está pensada para preservar la unidad jerárquica de la Iglesia y evitar actos que puedan constituir una ruptura formal con la autoridad del Papa.

Oficialmente, la FSSPX ha insistido en que no busca separarse de la Iglesia ni negar el primado papal, distinguiendo su acción de un cisma formal mientras mantenga el reconocimiento de la autoridad del Romano Pontífice. El pulso de estos meses determinará si en julio el Papa concede las letras apostólicas para reconocer la ordenación de esos eventuales obispos. En caso de que sean ordenados sin dicho mandato, incurrirían, a nivel jurídico, en las sanciones correspondientes.