China intensifica su presión a la Iglesia con una condena al cardenal Zen, que recurrirá al Supremo

La cuantía de la multa impuesta al cardenal Joseph Zen es pequeña, pero el alcance de la batalla jurídica que lidera es gigantesco. Según informa la agencia Zenit, el Tribunal de Apelación de Hong Kong ha rechazado el recurso presentado por el obispo emérito, de 94 años, y otros cuatro administradores del ya disuelto Fondo de Ayuda Humanitaria 612, confirmando sus condenas de 2022 por no registrar dicha entidad bajo la Ordenanza de Sociedades del territorio.

Sin embargo, la trascendencia de la sentencia va mucho más allá de los 4.000 dólares de Hong Kong (unos 510 dólares estadounidenses) que cada uno de los acusados debe pagar. Lo que se dirime ante el Tribunal de Apelación Final (una suerte de Tribunal Supremo chino), última instancia a la que ahora recurrirán, es el margen de supervivencia de la sociedad civil organizada y de la propia Iglesia frente al control administrativo del Estado.

De hecho, la sanción contra el cardenal tiene una enorme carga simbólica. Primero, porque sucede justo en un momento en el que el régimen comunista vuelve a presionar a la Iglesia y a endurecer su persecución a los católicos. Y, segundo, porque Zen es una de las figuras más relevantes de la Iglesia católica del país, ampliamente conocido por su oposición a la «Iglesia patriótica» y por sus críticas no sólo hacia los acuerdos firmados entre el régimen de Pekín y la Santa Sede, sino también hacia la deriva heterodoxa de ciertos sectores del catolicismo.

Un caso de gran complejidad

Para comprender la complejidad de este caso, es necesario desgranar el debate técnico en el que se escudan las autoridades hongkonesas.

El cardenal Zen y sus compañeros de fideicomiso –la abogada Margaret Ng, la cantante Denise Ho, la exparlamentaria Cyd Ho y el académico Hui Po-keung– argumentaron ante los tribunales que el Fondo 612 era, legalmente, un fideicomiso y no una «sociedad».

La diferencia es crucial para el derecho. Un fideicomiso se entiende como un instrumento de gestión de fondos custodiados por unos administradores, mientras que una «sociedad», bajo la ley local, requiere un registro formal ante el Gobierno –o una exención de este– en un plazo de un mes desde su creación, quedando sujeta a determinados requisitos y controles estatales (que en la práctica implican la intervención del Partido Comunista de China).

La defensa sostenía que el grupo no constituía una asociación formal sujeta a este registro. Sin embargo, los tres magistrados de apelación rechazaron este argumento, dictaminando que el fondo operaba como un órgano de gestión organizado que recaudaba y distribuía donaciones públicas, lo que a su juicio encaja en la definición legal de «sociedad».

Control sobre la sociedad civil

Como destaca la información de Zenit, este es el primer proceso judicial en la historia de Hong Kong por este tipo específico de infracción bajo la Ordenanza de Sociedades. Si la justicia dictamina que prácticamente cualquier grupo de personas que se une para perseguir un fin común puede ser clasificado automáticamente como una «sociedad» que requiere registro gubernamental, las consecuencias para la estructura civil de Hong Kong son demoledoras... que es lo que busca el régimen chino.

Esta interpretación expansiva de la ley reduce drásticamente el espacio civil. El tribunal de apelación desestimó las objeciones constitucionales planteadas por la defensa, argumentando que la ley de registro mantiene un «equilibrio razonable» entre la libertad de asociación y las consideraciones de «seguridad nacional, orden público y seguridad pública». Es decir: un mínimo de apariencia de libertad, frente a las excusas esgrimidas por Pekín para controlar e intervenir la actividad libre de los ciudadanos.

El origen del Fondo 612

El Fondo de Ayuda Humanitaria 612 nació en junio de 2019, en pleno estallido de las manifestaciones masivas contra la polémica propuesta de ley de extradición a la China continental. Aunque el proyecto de ley fue finalmente retirado, las protestas desembocaron en un movimiento prodemocrático más amplio. En ese contexto de fuerte inestabilidad, el fondo ofreció asistencia médica, legal, financiera y humanitaria a las personas que resultaron heridas, detenidas o afectadas durante las revueltas. Cabe recordar que más de 10.000 personas fueron arrestadas y casi 3.000 afrontaron cargos penales en aquellas fechas.

Aunque el fondo se clausuró en octubre de 2021, la persecución legal contra sus gestores continuó. En mayo de 2022, el cardenal Zen y los demás administradores fueron detenidos bajo sospechas extremadamente graves: supuesta colusión con fuerzas extranjeras al amparo de la severa Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, un cargo que podría haberles acarreado penas de cadena perpetua.

Finalmente, las autoridades decidieron no procesarlos por la vía de la seguridad nacional y optaron por esta vía administrativa menor, centrada en la falta de registro del fondo. Sus condenas originales se dictaron en noviembre de 2022 en los tribunales de West Kowloon. Un sexto implicado, el secretario del fondo, Sze Ching-wee, fue multado con 2.500 dólares de Hong Kong y decidió no apelar.

El cardenal Zen: la voz incómoda de Hong Kong

A sus 94 años, Joseph Zen sigue siendo una de las voces católicas más firmes y valientes en la defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa frente al régimen comunista chino. Obispo de Hong Kong hasta su jubilación en 2009, ha mantenido una incesante actividad pública analizando el futuro político de la región y la compleja situación de la Iglesia en la China continental.

Tampoco ha disimulado lo que considera «cesiones» de Roma, auspiciadas por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, durante el pontificado de Francisco, en los Acuerdos firmados con Pekín, que permiten el nombramiento o control de obispos por parte del Gobierno de Xi Jinping.

Su caso es seguido con enorme preocupación por la Iglesia universal, temerosa de que las acusaciones administrativas se conviertan en una herramienta indirecta para silenciar a figuras religiosas destacadas cuando participan en el debate público.