Mujer recibiendo la vacuna Pfizer-BioNTech
Coronavirus
¿Podrá España obligar a las personas a vacunarse?
De acuerdo con nuestra Constitución y los expertos consultados, en nuestro país no se podrían adoptar ciertas medidas que propone la presidenta de la Comisión Europea
El pasado martes la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen, propuso la vacunación obligatoria para todos los países de la Unión Europea. La preocupación y rapidez de inocular la vacuna surgió a raíz del nacimiento de la nueva variante sudafricana ómicron.
Von der Leyen apuntó a que había llegado el momento de imponer la vacunación obligatoria en los países europeo si se pretende frenar y controlar la variante ómicron. La presidenta apoyó su discurso en que un tercio de los europeos todavía no se han inmunizado. «A día de hoy, en Europa, son 150 millones los ciudadanos sin vacunar», señaló.
Así las cosas, la Comisión es la encargada de lanzar la propuesta pero son los sistemas judiciales de cada país los que deben llevar a cabo la decisión.
Las reacciones no se han hecho esperar. Leopoldo Abad Alcalá, catedrático de Derecho Constitucional y responsable del área de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, opina que esta propuesta de la CE «viola la integridad física. El Tribunal Constitucional ha sancionado la obligatoriedad de vacunar. Al final el cuerpo de uno es una de las cosas más sagradas y el individuo debe tener libertad para disponer».
«Si abrimos la posibilidad de que se obligue a vacunar, al final, ¿quién te dice que no se obligue a otro tipo de cosas?»
A esto, el catedrático aclara que «una cosa es que puedan interponer restricciones, como el pasaporte covid en ocio, pero en realidad no pueden obligar a nadie a que se vacune, eso es forzar a las personas».
«Imagina que un Gobierno quiere implantar un chip para evitar que se contagien, es evidente que eso no puede ser», a lo que añade el catedrático que «si abrimos la posibilidad de que se obligue a vacunar, al final, ¿quién te dice que no se obligue a otro tipo de cosas?».
Si se debe vacunar o no de forma obligatoria depende mucho, según Abad Alcalá, de la postura personal de cada persona: «Puede haber personas que apoyen la vacunación obligatoria por el bien de todos y puede haber personas que no, por ser un derecho individual», concluye.
No obstante, la Unión Europea es una de las regiones con la tasa de vacunación más alta del mundo, a pesar de la gran diferencia de índice entre unos países y otros. España y Portugal están en la cima de vacunación, mientras tanto, Bulgaria y Rumanía se encuentran entre los países menos vacunados, donde más de la mitad de la población no está vacunada.
Mientras se llega a una decisión final, la CE sigue reuniendo fuerzas para demostrar e informar a la población sobre la vacunación y el efecto en las personas: «Pretendemos luchar contra la desinformación y las reticencias ante las vacunas», indican.
STC sobre afectación a la integridad física
La STC 207/1996, de 16 de diciembre, los recuerda al inicio de su fundamento jurídico cuarto, al señalar los requisitos que conforman la doctrina sobre el principio de proporcionalidad y pueden resumirse en los siguientes:
1. Que la medida limitativa del derecho fundamental esté prevista por la ley.
2. Que sea adoptada mediante resolución judicial especialmente motivada.
3. Que sea idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo.
A estos requisitos hay que sumar otros derivados de la afectación a la integridad física, como son:
4. Que la práctica de la intervención sea encomendada a personal médico o sanitario.
5. Que la exigencia de que en ningún caso suponga un riesgo para la salud del afectado por la medida.
6. Que a través de ella no se ocasione un trato inhumano o degradante.
1. Que la medida limitativa del derecho fundamental esté prevista por la ley.
2. Que sea adoptada mediante resolución judicial especialmente motivada.
3. Que sea idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo.
A estos requisitos hay que sumar otros derivados de la afectación a la integridad física, como son:
4. Que la práctica de la intervención sea encomendada a personal médico o sanitario.
5. Que la exigencia de que en ningún caso suponga un riesgo para la salud del afectado por la medida.
6. Que a través de ella no se ocasione un trato inhumano o degradante.
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