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29 de marzo de 2024

los sectores convocados en la manifestación en favor del mundo rural han juntado solo en la ciudad de Madrid a más de 400.000 personas

Imagen de la manifestación del mundo rural del pasado 20 de marzoEl Debate

Sociedad

Los cazadores denuncian la proliferación de «chiringuitos» que traerá la ley de bienestar animal

Cisma en el Gobierno por la decisión del PSOE de enmendar el texto para excluir a los perros de caza

El sector cinegético anda muy cabreado con el Gobierno por la nueva ley de bienestar animal, un texto que, denuncian, creará «una red de chiringuitos animalistas» para imponer su ideología.
La caza de ha convertido en el enésimo motivo de conflicto dentro del Gobierno de coalición y un importante dolor de cabeza para Pedro Sánchez, que intenta evitar a toda costa otra manifestación del mundo rural como la vivida el pasado 20 de marzo.
Detrás de todo el conflicto está la inclusión de los perros de caza en el texto, una medida que hubiera supuesto la práctica desaparición de ciertas especies además de aumentar el paro en el sector. Los cazadores, que se sintieron traicionados ya que el PSOE se había comprometido a excluirlos de la ley, amenazaron con volver a salir a las calles.
Finalmente, el PSOE presentó una enmienda a la ley para sacar a los perros de caza, provocando un importante enfado en Podemos al entender que habían pactado de antemano el texto. El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, aseguró en redes sociales que la ley incluirá a todos los perros «por decencia, por seguridad jurídica y porque así está ya comprometido en el seno del Gobierno». «No hay ley autonómica que los diferencia, por mucho que ahora algún barón socialista lo diga», añadió en referencia a García-Page, unos de los socialistas más críticos con la ley.

«Chiringuitos»

El sector cinegético respira aliviado, de momento, pero sigue receloso y denuncia que esta ley persigue la creación de una red de chiringuitos. La Real Federación Española de Caza (RFEC) asegura que, de aprobarse el proyecto, los ciudadanos «tendrán que sostener con sus impuestos los gastos derivados de una ley que nace con un rechazo social y político mayoritario».
«El proyecto de ley obligará a los municipios de más de 5.000 habitantes a contar con centros de protección animal y fuerza a los ayuntamientos a hacerse cargo de las colonias de gatos existentes en el municipio, incluso cuando está demostrado que suponen un grave riesgo para la biodiversidad. Además, contempla la creación de cuatro tipos de entidades dedicadas al rescate y la rehabilitación y búsqueda de situaciones de abandono, de animales de producción, animales silvestres y colaboradoras en la gestión de colonias felinas», añade.
Y es que la cantidad de organismos y proyectos que prevé poner en marcha la ley no es baladí: Consejo Estatal de Protección Animal, Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, Sistema Central de Registros para la Protección Animal, Registro de Entidades de Protección Animal, Registro de Profesionales del Comportamiento Animal, Registro de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, Registro de Criadores de Animales de Compañía, Plan Estatal de Protección Animal, Programas Territoriales de Protección Animal y Planes de Emergencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla… Un importante entramado a mantener.
La RFEC denuncia que, de la creación de estas instituciones, las principales beneficiarias serán «las asociaciones animalistas», por lo que piden que no se apoye un proyecto «que persigue los intereses particulares de determinados sectores animalistas, que ha sido tramitado con urgencia para evitar así la participación ciudadana y que cuenta con la oposición de más de 800 científicos y con más de 6.000 alegaciones».

Tres millones en subvenciones

El pasado año, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales que dirige el citado García Torres, aprobó unas partidas a entidades animalistas por una cuantía total de tres millones de euros.
Este reparto fue muy criticado ya que muchas de las entidades que recibieron los fondos se habían constituido hacía apenas unos meses y los requisitos exigidos eran bastante 'amables', como tener una página web y difundir su actividad en redes sociales.

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