El Prestige, en el momento del hundimiento
El litigio judicial del Prestige: después de 20 años siguen sin resolverse las indemnizaciones
La aseguradora y el Fondo Internacional de compensación de daños por hidrocarburos solo abonaron 51,7 millones de euros
Este domingo se cumplen 20 años de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España, el desastre del Prestige. Después del tiempo transcurrido continúa la litigia judicial por el cobro de los 2.500 millones de euros en indemnizaciones aprobadas los tribunales españoles. Tras una instrucción de casi diez años y un juicio de nueve meses, la nueva disputa arrancó en Londres, donde el Estado Español presionó mediante a la aseguradora London P&I Club –a la que demandó–; la propietaria del barco, Mare Shipping y el Fondo Internacional, para pagar las indemnizaciones por los daños causados.
El proceso jurídico se agravó más con el Brexit, ya que con la salida de Reino Unido de la Unión Europea se perdieron instrumentos de cooperación jurídica que antes harían más sencillo recurrir ante los tribunales británicos.
En el caso de que se produjese un acuerdo favorable para los españoles, la indemnización alcanzaría los mil millones de euros, que es lo que acordaron y contrataron la aseguradora y la naviera. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fijó el pago en 855 millones de euros, una cantidad que apenas representa el 40 % de lo que el Tribunal Supremo cuantificó por los daños ocasionados en la costa gallega.
El reparto de las primeras indemnizaciones se produjo en el año 2019, 17 años después de la catástrofe. La aseguradora y el Fondo Internacional de compensación de daños por hidrocarburos solo abonaron 51,7 millones de euros.
El 25 de marzo de 2008 el portavoz de la plataforma Nunca Máis –instrumentalización política del BNG a la que luego se sumó el PSOE–, Rafael Villar, calificó la admisión a trámite de la querella presentada contra la sociedad clasificadora ABS, encargada de realizar las revisiones del Prestige, como «un paso positivo», aunque criticó la «demora» judicial.
Según la información que publicó ese año la Voz de Galicia, la jueza encargada del caso, Carmen Veiras, dictó un auto en el que admitió a trámite la querella presentada por Nunca Máis contra ABS, al considerar que las inspecciones técnicas realizadas por esta podrían ser constitutivas de negligencia. Como parecía que no había pruebas suficientes, el tribunal de Apelación del Segundo Circuite de Nueva York eximió el pago y el gobierno español perdió.
A finales de 2018 se dirimió la responsabilidad penal –de dos años de cárcel– al capitán del buque, Apostolos Mangouras, por un delito contra el medio ambiente. Además, el único alto cargo público imputado, el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, fue absuelto. En una sentencia dictada un año después de arrancar la vista, el tribunal señaló como único responsable de las deficiencias estructurales del barco a ABS, la clasificadora.
Los afectados por la marea negra ya cobraron las indemnizaciones por los daños causados por el vertido, unas partidas que fueron adelantadas. Aunque la Fiscalía cifró durante el juicio en más de 4.400 millones los perjuicios que dejó el vertido, la póliza de la aseguradora tiene esos mil millones de dólares de límite. De ganar la batalla en Reino Unido, la práctica totalidad de esa cantidad será para el Estado español que en su día adelantó los pagos a los perjudicados.
