El tique de compra que acompaña al pedido es suficiente para que los okupas puedan 'acreditar' que residen en la vivienda
Vivienda
La 'táctica de la pizza': así es el método de los okupas para colarse en casas sin que los echen
Las plataformas de afectados alertan del auge de esta argucia, que les permite instalarse en una vivienda ajena con garantías legales durante meses o años
Una persona pide una pizza (o comida a domicilio, en su defecto) por teléfono, espera en el portal para recogerla y, gracias al tique que acompaña al pedido, ya tiene vía libre para okupar la casa a la que ha echado el ojo. Es la llamada ‘técnica de la pizza’, de la que en los últimos días han venido advirtiendo las plataformas de afectados por esta lacra y que, tras surgir en Cataluña en 2018, se ha expandido gradualmente a comunidades como Madrid, Andalucía y parte del Levante.
El blindaje jurídico del que se aprovechan los okupas para adueñarse de las viviendas tiene que ver entre otras cosas con los plazos que marca la ley para poder llevar a cabo el desalojo. Al aplicar la técnica de la pizza, los delincuentes esperan 48 horas para entrar en el inmueble, con lo que evitan el desahucio inmediato. De esta forma, si la Policía acude al domicilio tras recibir un aviso, les sirve simplemente con mostrar el tique para 'acreditar' que residen en la vivienda. La argucia, de hecho, fue ideada a raíz de la aprobación de la ley de desahucio exprés, hace ahora cuatro años.
Los expertos jurídicos, que lamentan la laxitud de las leyes en materia de vivienda y la escasa voluntad política para cambiarla, ven poco menos que surrealista que «un simple tique tenga la fuerza de un acta notarial». Y recuerdan que, con una base legal que solo faculta a la Policía para intervenir si ve a los okupas entrando en la casa, los agentes prefieren trasladar la incidencia a los tribunales, donde el caso puede demorarse durante meses o años.
El fenómeno de la okupación representa uno de los grandes temores de los propietarios de viviendas en España, razón por la que los colectivos de afectados han pedido modificaciones legales que brinden mayor protección a los dueños frente a quienes cometen los delitos.
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