FSIE pide a Educación retirar los decretos de ratios de Infantil y FP privada por «falta de diálogo» con la concertada

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) reclama al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que retire los decretos que regulan los requisitos mínimos de los centros y la Formación Profesional privada.

El sindicato critica la «falta de consulta, diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores y titulares de los centros concertados y privados» y solicita, a través del Consejo Escolar del Estado, la retirada de los dos proyectos y la negociación de nuevos textos.

FSIE defiende la reducción de las ratios y la mejora de la calidad educativa, pero advierte de que «su aplicación debe traducirse en mejores condiciones laborales y una atención más personalizada al alumnado».

Para ello, considera imprescindible evaluar las consecuencias de las nuevas exigencias y dotarlas de recursos que «permitan mantener el empleo y reforzar las plantillas donde sea necesario».

La organización denuncia que los proyectos «se han abordado en la mesa sectorial de la enseñanza pública, sin un proceso equivalente en la enseñanza concertada ni una interlocución efectiva con los representantes de los trabajadores y de los centros privados».

Una de las principales preocupaciones del sindicato se sitúa en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, «donde se podría poner en riesgo alrededor de 60.000 puestos de trabajo y comprometer la continuidad de más de 4.000 centros privados en España». «Esta estimación refleja el riesgo potencial señalado por dicha organización», alerta.

En Formación Profesional, FSIE exige que las nuevas condiciones para los centros privados «se negocien y vayan acompañadas de una evaluación de su impacto laboral».

En este contexto, pide financiación adecuada y un periodo transitorio suficientemente amplio para que los centros que cumplen la normativa vigente puedan adaptarse con garantías de continuidad del empleo.

FSIE reclama también recursos para la climatización de los centros educativos, «una cuestión que afecta directamente a la salud laboral del profesorado, del personal de administración y servicios y del resto de profesionales, así como al bienestar del alumnado».