El Gobierno buscará aprobar la enseñanza del bable, aragonés o leonés antes de las elecciones

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ya ha manifestado su intención de reducir las ratios en Educación Infantil y Bachillerato antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Ahora, el Ejecutivo pretende aprobar la enseñanza de las lenguas no oficiales con protección legal.

La cartera que dirige Milagros Tolón prevé aprobar el proyecto de real decreto para modificar el marco legal de los docentes de enseñanzas no universitarias, permitiendo reconocer oficialmente a los profesores especializados en lenguas como el bable, el leonés, el aragonés o el eonaviego. Así, se permitirá a las comunidades autónomas crear las especialidades correspondientes en sus regiones.

El texto, recogido por Europa Press señala que las administraciones educativas «determinarán la atribución docente a dichas especialidades por analogía para la especialidad de Lengua Castellana y Literatura». De este modo, los cuerpos catedráticos de la enseñanza Secundaria y de profesores de enseñanza Secundaria podrán tener la especialidad propia de la lengua respectiva, permitiendo convocar oposiciones específicas.

El texto no obliga a crear nuevas plazas ni a incorporar estas asignaturas, sino que crea un marco legal para que cada Gobierno autonómico pueda regular su lengua protegida. El pasado 9 de julio, Tolón se reunió con el presidente asturiano Adrián Barbón, y se comprometió a que el asturiano pudiera contar con una especialidad docente propia «igual que ya ocurre con las lenguas cooficiales», en palabras de la ministra.

Trabas a los centros privados de FP

Otra de las pretensiones del Ministerio de Educación, FP y Deportes es endurecer los requisitos a los centros privados de Formación Profesional y universidades. En cuanto a la FP, Tolón busca exigir un porcentaje mínimo de presencialidad a la FP virtual –entre un 15 % y un 39 % de presencialidad obligatoria– y semipresencial –entre un 40 % y un 60 %–, así como un número mínimo de alumnos por profesor.

El real decreto establece para el curso 2028/2029 una ratio máxima de 80 alumnos por docente, que se reducirá a 65 alumnos en el curso siguiente, para lograr el objetivo final de 50 en el curso 2030/2031. En las actividades presenciales, la cifra pretende bajarse hasta los 25. A efectos de cómputo de la actividad lectiva, el texto excluye el periodo de formación en empresa u otro organismo equiparado.

Bajada de ratios en Infantil y Bachillerato

Los movimientos de Educación antes del 29 de noviembre tendrán como objetivo bajar las ratios en Bachillerato e Infantil, mencionando el Ejecutivo que será «complicado» ejecutar lo mismo en Primaria, Secundaria y la jornada docente, ya que precisaría de la aprobación de una ley –que cayó con la disolución de las Cortes Generales–.

Las ratios alumno-profesor que propone el Ministerio en este real decreto para el primer ciclo de Educación Infantil son de cuatro niños entre 0 y 1 año, seis niños entre 1 y 2 años y ocho niños entre dos y tres años. En el caso del segundo ciclo, quieren bajar de 25 a 20 niños por clase y de 35 a 30 estudiantes en Bachillerato.

Este texto también afectaría a las condiciones de los centros, como la existencia de un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar para los centros de 0-3 años. Las aulas destinadas a menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso y las necesidades de cada uno.