Sociedad
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la polémica reforma de la ley del aborto que permite a las menores de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin permiso paterno. Con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones, el texto sale de la cámara baja para ser remitido al Senado. Sin diálogo social, comparecencias de expertos y obviando los informes en contra de los jueces, este texto será enviado al Senado para que continúe su tramitación.
Así, la nueva ley podría entrar en vigor a finales de febrero del próximo año. Como en todas las medidas impulsadas por Irene Montero, el procedimiento de urgencia le ha permitido evitar las comparecencias de expertos e informes consultivos. Igualdad ha hecho caso omiso incluso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cuestionó algunos de los aspectos del texto. A continuación, hacemos un repaso de los puntos más conflictivos de la ley.
Las menores de edad de 16 y 17 años o las que tengan discapacidad intelectual no necesitarán permiso paterno para abortar y se crea un procedimiento judicial urgente en caso de haber conflictos entre las menores de 16 y sus padres.
Los hospitales públicos están obligados a realizar abortos y tendrán que garantizar un equipo de profesionales para ello. Los médicos que se nieguen entrarán en un registro de objetores.
El texto también permite a las mujeres que tengan menstruaciones «incapacitantes» puedan pedir la baja. El tiempo de duración lo establecerá el médico.
Es el nombre con el que se refiere la ley a la gestación subrogada. Además, estará prohibida la publicidad a través de intermediarios de este proceso.
Se suprime el periodo de reflexión de tres días que antes estipulaba la ley y no se ofrecerá información sobre las ayudas de apoyo a la maternidad.
Las comunidades tendrán que garantizar la creación de centros de atención sexual y reproductiva para repartir gratis la píldora del día después y la financiación pública de todos los métodos anticonceptivos hormonales.
Comentarios