La ministra de Igualdad, Irene Montero
Los menores podrán cambiarse de sexo y abortar sin permiso paterno a partir de mañana
Justicia asegura que el Registro está listo para llevar a cabo el cambio. No obstante, el presidente de CSIF lo desmintió a este medio el pasado lunes
Debido a las controvertidas leyes de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a partir de mañana los españoles mayores de 12 años podrán cambiarse de género en el Registro Civil sin ningún requisito. Por otro lado, los jóvenes de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento paterno, mientras que la baja por menstruación o por interrumpir el embarazo entrará en vigor a principios del próximo mes de junio.
Los textos de las dos normas, que se aprobaron el pasado 16 de febrero en el Congreso de los Diputados, se han publicado este miércoles en el BOE, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales, por lo que entrarán en vigor el próximo 2 de marzo.
Sin consentimiento paterno para abortar
La ley orgánica por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, además de eliminar consentimiento paterno para poder abortar, también suprime los tres días de reflexión, garantiza que la interrupción del embarazo se pueda llevar a cabo en hospitales públicos y blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León.
Otros de los polémicos cambios que ha impuesto Montero hacen referencia al reconocimiento de la salud menstrual como parte del derecho a la salud; la distribución de métodos anticonceptivos en centros penitenciarios, de servicios sociales y durante las campañas de educación sexual en los institutos de secundaria, o la corresponsabilidad de los hombres en el uso de los anticonceptivos.
Sin embargo, la baja por menstruación incapacitante y por interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, no entrará en vigor hasta el mes de junio, ya que en la ley se especifica que algunas disposiciones finales no serán aplicables hasta tres meses después de la publicación de la ley en el BOE.
Otra de las novedades que incluye la ley es la prohibición de protocolos antiabortistas como el que planteó VOX en Castilla y León.
Cambio de nombre y de sexo
La entrada en vigor de la ley trans permite cambiar el nombre y el sexo a los menores de entre 14 a 16 años, aunque en su caso deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores para su solicitud. Si un menos no cuenta con el apoyo de sus progenitores se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
Además, los niños de 12 a 14 años pueden modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez; mientras que los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo, pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica.
Desde Justicia han asegurado a Europa Press que el Registro Civil está preparado para llevar a cabo este cambio de legislación. No obstante, el presidente del sector nacional de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Javier Jordán de Urries, lo desmintió a este medio el pasado lunes.
Estas no son las únicas medidas que entrarán en vigor, la ley también incluye medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI, como la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas. Además, las mujeres solteras, lesbianas y bisexuales tendrán acceso a la reproducción asistida.
Las feministas esperan que se derogue
Este sector del feminismo asegura que mantendrán su lucha contra esta ley hasta que «sea derogada». Además, denuncian las sanciones que se imponen con esta norma, que consideran una ley «mordaza», ya que desde este jueves, se impondrán multas administrativas en casos «muy graves» de hasta 10.001 a 150.000 euros, que son aquellos relacionados con el acoso o negar un empleo o un alquiler a alguien por ser LGTBI.
Aunque las más polémicas han sido las leves y graves relacionadas con «utilizar o emitir expresiones vejatorias». Según las activistas, sus propias críticas a la ley pueden ser consideradas dentro de este grupo.
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