Una mujer con su bebé en brazos al nacer
Se reabre la polémica de los partos, ¿puede una mujer decidir si se le realiza una cesárea?
Igualdad trató de incluir el término violencia obstétrica en la polémica ley del aborto
Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Hospital Materno Infantil a pagar una indemnización de un millón de euros a una mujer que tuvo un parto gemelar de 17 horas por no dejarla elegir entre alumbramiento natural o cesárea. Según el magistrado, se produjo «violencia obstétrica», un concepto que se quedó fuera de la reforma de la ley del aborto pese a los intentos Igualdad.
La abogada especializada en derechos reproductivos Francisca Fernández explica a Efe que se entiende por violencia obstétrica la apropiación por parte del personal médico del poder de toma de decisiones de las mujeres en lo relativo a su embarazo y parto, como la inducción del mismo por conveniencia del médico, hacer cesáreas o episiotomías «por rutina» o separarlas de sus hijos.
Este término también incluye otras prácticas como el maltrato físico, verbal o psicológico, la privación del derecho a la intimidad de las mujeres, el sobreintervencionismo o el abandono de las pacientes.
«No es que las mujeres podamos pedir una cesárea por capricho, ni nosotras ni ningún paciente tenemos derecho a exigir una cirugía que no está indicada», explica Fernández, quien no obstante apunta que los sanitarios sí están obligados a informar a los pacientes de las alternativas disponibles y a respetar su decisión, algo que no hicieron en el caso de Las Palmas.
Seguir los criterios médicos
Por otro lado, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) defiende que los obstetras tienen que actuar basándose en las guías de asistencia práctica de la SEGO «y no en las preferencias de la paciente», que solo serán tenidas en cuenta «en la medida que sea posible», según un comunicado publicado este viernes.
«La decisión de la vía del parto será responsabilidad del obstetra y la decisión de realizar una cesárea se hará solamente cuando está correctamente indicada, no a petición de la paciente», avisan.
Rechazada en la ley del aborto
Igualdad trató de incluir el término violencia obstétrica para referirse a las malas prácticas cometidas contra las mujeres durante el embarazo y el parto en la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pero finalmente renunció a dicha nomenclatura ante el rechazo del ala socialista del Gobierno y el ámbito ginecológico.
La controvertida ley, cuya reforma se aprobó el pasado febrero, sí contempla políticas destinadas a la prevención de estas malas praxis, como disminuir el intervencionismo, evitar prácticas innecesarias e inadecuadas y «reforzar las prácticas relativas al pacto respetado y al consentimiento informado de la paciente».
Así, en su artículo 27 la norma subraya la necesidad de «requerir de forma preceptiva el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas».
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