Varios tipos de collares han quedado prohibidos por ley
Los collares que ha prohibido la ley de bienestar animal y cuyo uso puede acarrear hasta 50.000 euros de multa
El apartado en cuestión recalca que no se utilicen herramientas de manejo que puedan hacer daño al animal
El pasado viernes entró en vigor la ley de bienestar animal que tanto esfuerzo costó sacar adelante a los socios de gobierno. Polémica desde sus primeros borradores, su puesta en marcha ha sido a medio gas, ya que aún falta por aprobarse el reglamento que regula la norma y al que no se podrá dar luz verde hasta que el Ejecutivo deje de estar en funciones.
Entre las novedades, no se podrá dejar sola a la mascota más de tres días consecutivos –24 horas en el caso de los perros–, ni atada a la puerta de un establecimiento o de forma permanente en terrazas o patios. Además, en cuanto se apruebe el reglamento entrará en vigor la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil, así como la realización de un curso «online y gratuito» para avalar la tenencia de animales.
Tanto los dueños de mascotas como los profesionales que se dedican a la venta de productos de animales lamentan que el reglamento no se haya aprobado a la vez que la ley y que no se haya contado con ellos para redactar el texto principal. De igual forma, destacan que existe un alto grado de confusión entre los ciudadanos al respecto, lo que puede terminar derivando en un gran número de multas por el desconocimiento de la nueva norma.
Otra de las novedades que preocupa a los dueños, en este caso de perros, es la prohibición de una serie de collares. Así se recoge en su artículo 27:
Artículo 27
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades sobre los animales de compañía:
ñ) Se prohíbe el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, en particular collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo.
ñ) Se prohíbe el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, en particular collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo.
Por tanto, este nuevo apartado recalca algo que, a priori, parece obvio, y es que no se utilicen herramientas de manejo que puedan hacer daño al animal. Se especifica que no se pueden utilizar collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo.
Aunque pueda parecer que esto no es habitual, solo hace falta buscar en Google cualquiera de esos tipos de collar para observar la amplia gama de los mismos que se venden por internet. En la misma plataforma de compras de Amazon se pueden adquirir tanto cadenas con pinchos como de ahogo.
Asimismo, también encontramos collares que proporcionan descargas eléctricas por menos de 30 euros. Su utilización suele estar relacionada con el adiestramiento de los animales, pero los expertos aseguran que este tipo de estímulos eléctricos pueden desencadenar agresividad en el perro, además de afectar directamente a su salud.
De tener uno de estos tipos de collar y continuar usándolo con la entrada en vigor del texto, el sujeto en cuestión se vería expuesto a una multa de una cuantía relevante. Se consideraría una infracción grave que estaría penada con multas de 10.001 a 50.000 euros.
García Torres saca pecho de la ley
A pesar de la polémica levantada por esta norma y el hecho de que incluso los sectores animalistas la califiquen de «chapuza», Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, considera que esta ley es una buena base para seguir avanzando en el objetivo que en 2019 le encargó Pablo Iglesias, y todo a pesar de «la presión del lobby cinegético» que, según él, ha presionado mucho «para que no se pudiera avanzar todo lo que nos hubiera gustado avanzar con esta ley».
Lo ha explicado en una entrevista a Diario Red, el periódico de Pablo Iglesias, en la que denuncia también que ha recibido una «campaña de bulos» que atribuye a «esos colectivos pequeños, pero ruidosos, no querían que saliera adelante esta ley» y también señala a los medios de comunicación, que cree que han informado de la ley sin conocerla.
Igualmente, carga contra sus todavía socios de gobierno «porque el PSOE se alió con el PP, Vox y Ciudadanos en la tramitación parlamentaria para evitar que fuera una ley de máximos».
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