Trump lanza una ofensiva contra los cambios de sexo y ordena investigarlos como «mutilación genital»

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha emitido una instrucción a los fiscales para investigar procedimientos quirúrgicos vinculados a la afirmación de género, a los que se refirió como «mutilación genital femenina» en un memorando del Departamento de Justicia distribuido este miércoles a su personal. Bondi, quien actúa como ministra de Justicia, sostiene que médicos, centros hospitalarios y clínicas están llevando a cabo intervenciones ilegales al operar a menores de edad «bajo el disfraz de atención médica».

El documento oficial subraya que «es un delito grave realizar, intentar realizar o conspirar para realizar mutilación genital femenina a menores de 18 años», advirtiendo que tales actos pueden ser castigados con hasta una década de cárcel por cada caso. Asimismo, Bondi ha solicitado examinar si las empresas fabricantes y distribuidoras de bloqueadores de la pubertad, hormonas sexuales y otros tratamientos farmacológicos han incurrido en publicidad engañosa o han omitido informar sobre efectos adversos en su promoción comercial.

Un representante del Departamento de Justicia se abstuvo de realizar declaraciones adicionales, remitiéndose al contenido del memorando, el cual cita una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, emitida en enero, que interrumpe la financiación federal destinada a proveedores sanitarios que ofrezcan terapias de transición de género. Esta medida presidencial ha sido recurrida judicialmente.

Frente a esta postura, varias entidades médicas, entre ellas la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría, defienden que los cuidados de afirmación de género, incluidos los procedimientos quirúrgicos en determinados pacientes, son clínicamente necesarios. Estos servicios, insisten, se prestan bajo el principio de consentimiento informado y de conformidad con las pautas clínicas vigentes.

Además de las posibles acciones penales, la fiscal general ha encomendado a la División Civil del Departamento de Justicia que emprenda investigaciones relacionadas con estos tratamientos. En particular, ha instruido a la División de Protección al Consumidor para que analice posibles infracciones cometidas por fabricantes o distribuidores que hayan hecho afirmaciones fraudulentas sobre los efectos de bloqueadores hormonales y otros medicamentos empleados en el contexto de la transición de género.