España, en alerta roja: líder europeo en pobreza infantil y miseria económica

España se encuentra en una situación crítica dentro del contexto europeo, según los últimos datos oficiales. El país no solo lidera la tasa de pobreza infantil entre los Estados miembros de la Unión Europea, sino que también encabeza el Índice de Miseria, alcanzando un alarmante 14,7 % en diciembre de 2024. Este índice, que combina las tasas de desempleo e inflación, refleja un profundo deterioro del bienestar económico nacional, situando a España muy por encima de la media de la Eurozona.

La gravedad de la situación se ve reflejada en el hecho de que cerca de un millón de niños viven en riesgo de pobreza, consecuencia directa de un desempleo real que afecta a 3,9 millones de personas –incluidos los infraempleados y quienes han dejado de buscar empleo–, una inflación persistente que reduce el poder adquisitivo, una elevada presión fiscal y una deuda pública que limita la acción del Estado.

Como resultado, un 26,5 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Para 2025, el umbral de pobreza en un hogar unipersonal se ha fijado en 11.944,88 euros anuales, lo que convierte el aporte de dos salarios en una necesidad básica para la subsistencia de muchas familias.

Este sombrío escenario confirma que España atraviesa una crisis social y económica que golpea especialmente a la infancia, tal y como recalcan desde la Fundación Madrina. Las cifras recogidas por Eurostat, UNICEF y organismos comunitarios no dejan lugar a dudas: España lidera el ranking europeo de pobreza infantil. Esta realidad se ve reforzada por el informe más reciente del Índice de Miseria elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que sitúa a España en primera posición con un 14,7 %, frente a la media europea de 8,8 puntos registrada en julio de 2024. La diferencia de casi seis puntos porcentuales revela una problemática estructural que requiere atención urgente y respuestas contundentes por parte de las autoridades.

Diversos factores explican este alarmante contexto. En primer lugar, la elevada tasa de desempleo real, que va más allá de las cifras oficiales del 11,7 %, afecta gravemente a los ingresos familiares y, por ende, al bienestar infantil. La precariedad laboral y la falta de oportunidades generan inseguridad económica crónica en muchos hogares. En segundo lugar, la inflación continúa presionando a los hogares, especialmente en productos básicos como alimentos y energía, reduciendo aún más la capacidad de las familias para cubrir necesidades esenciales.

A esto se suma una carga fiscal elevada, que en un contexto de salarios bajos o estancados, limita la renta disponible de los hogares y empuja a muchos por debajo del umbral de pobreza. Por otra parte, la elevada deuda pública española condiciona la capacidad del Estado para invertir en políticas sociales eficaces, mientras que el 26,5 % de la población en riesgo de pobreza o exclusión social evidencia la magnitud del problema y su impacto directo sobre la infancia.

La consecuencia más dolorosa de esta crisis es el aumento de la pobreza infantil: casi un millón de menores viven en hogares con ingresos insuficientes para garantizarles condiciones de vida dignas. El liderazgo de España en este indicador, junto al aumento del umbral de pobreza, sugiere un agravamiento de la desnutrición y de las carencias que afectan al desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños. La falta de acceso a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, a educación de calidad y a servicios sanitarios básicos perpetúa el ciclo de la pobreza. La necesidad de contar con dos salarios para mantener un hogar pone de manifiesto la fragilidad económica generalizada y la dificultad de muchas familias para criar a sus hijos en condiciones aceptables.

Frente a esta situación, la Fundación Madrina insta a la administración a adoptar medidas urgentes para revertir esta tendencia. En primer lugar, se propone la puesta en marcha de un Plan Integral contra la Pobreza Infantil, que aborde tanto la falta de ingresos como la conciliación familiar, el acceso a la vivienda, la salud y el excesivo peso fiscal. En segundo lugar, se recomienda fortalecer las políticas de apoyo directo a las familias con menores a cargo, ampliando las prestaciones sociales, ofreciendo ayudas económicas específicas, subsidios por hijo y garantizando el acceso universal a educación infantil de calidad, sanidad y vivienda. En tercer lugar, es fundamental fomentar la creación de empleo digno, impulsar políticas de conciliación familiar y garantizar salarios adecuados que permitan a las familias salir del umbral de pobreza.

Asimismo, se debe aumentar la inversión en educación, al menos hasta alcanzar el 7 % del PIB, y reforzar el sistema educativo con programas que prevengan el abandono escolar y promuevan la inclusión de los menores más vulnerables. Finalmente, se considera imprescindible revisar el sistema fiscal para hacerlo más progresivo, aliviar la carga sobre los hogares con ingresos bajos y medios, y garantizar la financiación sostenible de las políticas sociales necesarias.

El incremento del riesgo de pobreza infantil y la creciente miseria económica que vive España exigen una respuesta inmediata y coordinada por parte de las instituciones y de la sociedad civil. Está en juego el futuro de una generación, y es responsabilidad de todos revertir esta tendencia alarmante y asegurar condiciones de vida dignas para los niños del país.