«Es horroroso y desgarrador»: las voces discrepantes del aborto en Inglaterra y Gales

«Las mujeres serán aún más vulnerables a la manipulación, la coacción y los abortos forzados», con estas palabras, el ararzobispo John Sherrington, obispo principal para Asuntos de Vida de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, demostró su dolor a lo que ocurrió el pasado martes en la Cámara de los Comunes, donde, con 379 votos a favor y 137 en contra, se dio luz verde acabar con la vida de los fetos hasta el último día de gestación.

Esta medida, que tomó después de que las diputadas Tonia Antoniazzi y Stella Creasy presentasen las enmiendas NC20 y la NC1, que se aprobaron por amplia mayoría, que contó con el apoyo de unas cincuenta organizaciones, entre ellas el principal sindicato de médicos, grupos de defensa de los derechos de la mujer y clínicas abortistas.

Según ha apuntado en una nota la Sociedad para la Protección del Niño no Nacido (SPUC), durante el debate, hubo importantes intervenciones de parlamentarios que se manifestaron en contra de las enmiendas que permiten, entre otras cosas, acabar con la vida de los bebés hasta minutos antes de que conozcan mundo. Una de ellas fue

Una de ellas fue Julia López, diputada por Hornchurch y Upminster, que criticó duramente la «emboscada procesal» que «reduce al feto a la insignificancia».

Por su parte, Alithea Williams, de la SPUC, denunció y declaró que desde la sociedad les horroriza que los parlamentarios hayan votado «a favor de esta propuesta extrema y brutal». Así, lamentó, que esta cláusula «no convierte en delito» que una mujer aborte en cualquier momento de su embarazo.

Además, apuntó que es «horroroso y desgarrador» que los parlamentarios hayan votado a favor de «esta propuesta extrema y bárbara», ya que, antes de que se aprobase la norma, alrededor de 300.000 bebés mueren al año por esta práctica. Ahora, concluye, incluso la limitada protección que ofrece la ley está siendo «eliminada por parlamentarios que parecen no tener compasión por los bebés en el útero, ni siquiera por aquellos que están listos para nacer vivos».

También se ha pronunciado el arzobispo John Sherrington, obispo principal para Asuntos de Vida de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, quien argumentó que la nueva Cláusula 1 reduce significativamente la protección «de la vida del feto y causará graves daños a las mujeres embarazadas». En este sentido, recalcó, las mujeres serán aún «más vulnerables a la manipulación, la coacción y los abortos forzados». Este cambio legal también desalentará la consulta médica y aumentará la probabilidad de usar píldoras abortivas para abortos tardíos peligrosos en casa.

A pesar de todo esto, confesó, «no podemos perder la esperanza», puesto que la Iglesia sigue trabajando incansablemente para «proteger la dignidad de cada vida». «No abandonaremos a las mujeres embarazadas ni a sus hijos no nacidos en su momento más vulnerable. Agradezco a todos aquellos, dentro y fuera de la Iglesia, que comparten este compromiso y continúan sirviendo a los padres necesitados y a sus bebés», rezó.

Los médicos también se pronunciaron. Es el caso de la doctora Caroline Johnson, quien comunicó que los riesgos de protección que causa el sistema de píldoras por correo han sido «evidentes porque un hombre pudo obtener píldoras de un tercero para inducir a una mujer a abortar contra su voluntad o conocimiento».

Qué dicen las enmiendas

La enmienda NC1 de la diputada Tonia Antoniazzi busca despenalizar el aborto al excluir a las mujeres del ámbito de aplicación del derecho penal relacionado con el aborto. Esto hace que una mujer que acabe con la vida de su hijo en casa con pastillas (o cualquier otro método) en cualquier etapa del embarazo, incluso justo antes del parto natural, no cometa un delito.

Por otra parte, la NC20, presentada por la diputada Stella Creasy, elimina los delitos tipificados en la norma, lo que significa que esta polémica práctica ya puede realizarse por cualquier motivo, incluido el sexo del bebé. Tampoco hay forma de llevar ante la justicia a una pareja abusiva que cause la muerte de un feto.